La iniciativa busca dar solución a familias que aspiran a dar sepultura digna a sus compañeros de vida y a una comunidad completa que merece estar libre de posibles riesgos sanitarios, siendo necesario lograr coordinaciones de los municipios con los servicios de salud correspondientes y otras autoridades competentes.

Un límite de edad de 75 años estableció la Comisión para que los notarios, archiveros y conservadores de bienes raíces puedan ejercer tales cargos. Ello, en el marco del estudio en particular del proyecto que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.

La magistratura sostuvo que la Universidad no cuestionó la publicidad de la información solicitada respecto de la ex convencional, esgrimiendo sólo una presunta falta de quórum para sesionar por parte del Consejo para la Transparencia; tesis que fue desestimada por los jueces de fondo, al observar que no existen causales para mantener en secreto los antecedentes académicos de Loncón.

El máximo Tribunal mantuvo a firme la decisión de la magistratura de instancia, al observar que el demandante no probó en juicio la fuente de la obligación que pretendía le fuera reconocida por medio de un pagaré, y en sede de nulidad sustancial impugnó las normas probatorias, y no aquellas decisoria Litis que decían relación con el contrato de mutuo.

La magistratura hizo notar que los integrantes de las filas policiales, al momento de ingresar a la institución, aceptan que pueden ser movilizados para servir en cualquier lugar del territorio nacional; por lo tanto, las necesidades personales y familiares no priman sobre las necesidades propias del funcionamiento de la actividad policial.

Tal situación vuelve particularmente gravosos los apremios impuestos, más aún si se considera que la Ley Nº17.322 contempla la posibilidad de obtener el pago por otras vías.

La magistratura estimó además, que el hedor a cannabis es un antecedente objetivo que puede ser probado en juicio, según los medios de prueba establecidos en el artículo 295 del Código Procesal Penal, por lo que no constituyen una mera apreciación subjetiva de los aprehensores como alegó el imputado.

Se previene que las Ministras Chevesich y Muñoz, señores Valderrama y Llanos, consideran que la propuesta implica asignar una enorme tarea adicional de determinación patrimonial a la judicatura de familia, carga que en ese ámbito no suele realizar.

El municipio debe afrontar junto a la empresa contratista el pago de $10.496.869.-, decretados en favor de un carpintero que demandó por despido indirecto y nulo, debido a los incumplimientos laborales y previsionales de la empresa a la que la Municipalidad encargó la mantención del Liceo Carmela Carvajal de Pratt. La magistratura puntualizó que el ente consistorial es responsable por dichos incumplimientos, al ser el dueño de la obra.

La magistratura estimó que el tiempo transcurrido desde los hechos que motivaron la baja inmediata hasta la interposición de la acción cautelar ha sido excesivo, y la institución aún no culmina el sumario administrativo, manteniendo al actor todo este tiempo en un estado de incertidumbre, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley Nº19.880 para culminar el procedimiento disciplinar.