Si bien los jueces de policía local son funcionarios municipales, en aspectos como el ingreso, las calificaciones y la aplicación de medidas disciplinarias, están sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la correspondiente Corte de Apelaciones.

La Corte resolvió que, al no centrarse el reclamo de ilegalidad en la infracción de una norma jurídica específica, sino que más bien persigue revisar los hechos y la ponderación de los mismos, unido a que la infracción de los artículos 5, 6, 20, 130, 131, 140 y 147 del Código de Aguas -consistente en extraer aguas superficiales en mayor extensión que el caudal autorizado por la autoridad- ha sido debidamente comprobada, el presente reclamo debe ser rechazado.

El artículo 60 del Decreto 49, que aprueba el Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Viviendas, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de abril de 2012, señala que: “En razón del subsidio recibido, la vivienda que se construya o adquiera de conformidad a este reglamento, deberá ser habitada personalmente por el beneficiario del subsidio y/o miembros de su núcleo familiar declarado al momento de su postulación, a lo menos durante cinco años contados desde su entrega material”.

Resolvió que no obsta esta conclusión el hecho que las normas aludidas se encuentren bajo un título correspondiente a los funcionarios de mayor rango, puesto que si éstas aplican a aquellos también deben serlo respecto de los demás funcionarios de menor rango, y concluir lo contrario es arbitrario, puesto que sin razón alguna se realizaría una distinción que atenta contra el principio de igualdad en la aplicación de la ley.

Como regla general, las decisiones sobre educación, religión y salud de un niño corresponden a sus padres, pero existen casos excepcionales en que la potestad parental intenta imponer sus propias creencias poniendo en riesgo la salud del niño, como en este caso, actuando en contra de su interés superior.

No se advierte como la medida de suspensión menoscaba el derecho a la educación y el derecho de propiedad de su derecho a la educación que la estudiante alega haber sufrido, toda vez que fue ella quien se colocó en la situación antirreglamentaria que provocó la sanción aplicada.

Resolvió que, al no existir norma prohibitiva que sancione expresamente la difusión de ese contenido en spots publicitarios en un horario protegido, mal puede colegirse la infracción que arguye CNTV, y que la decisión atenta contra el principio de tipicidad, aplicable al Derecho Administrativo Sancionador, en cuanto la pretendida prohibición de contenido se edifica en un supuesto inexistente, toda vez que aún no ha sido expresamente vedada la difusión de apuestas en línea o de avisos publicitarios vinculados a ese tipo de apuestas.

Resolvió que, al no ser titulares del derecho de aprovechamiento de aguas, no están obligados a soportar el pago de la patente, razón por la cual no tienen perjuicio alguno con lo decidido por la DGA, de lo cual se concluye que carecen de interés jurídico para ser titulares de la reclamación.

El imputado quiso anular la sentencia que lo condenó, acusando el tardío ingreso del medio probatorio a la causa, tesis que fue desechada por la Corte Suprema, que estimó que si dicha pericia fue anunciada en la audiencia preparatoria, la defensa no puede alegar con posterioridad que le resultaba desconocida por ser incorporada después del periodo de investigación.

La Magistratura Constitucional consideró que el artículo 2331 restringe la reparación integral del daño moral derivado de la vulneración del derecho a la honra, derecho fundamental garantizado por la Constitución. La norma limita la indemnización solo a ciertos daños patrimoniales, excluyendo el daño moral, lo que afecta el contenido esencial del derecho y contraviene el principio de reparación integral de los perjuicios sufridos.