Las víctimas sufrieron un accidente de tránsito luego de colisionar a una vaca que yacía muerta en una ruta de la comuna de Limache. El tribunal consideró configurada la falta de servicio por no ejecutar las medidas necesarias para la seguridad vial de la ruta en que ocurrió el evento fatal.

La moción regula el ejercicio de este derecho y las razones de su revocación. Así también establece los criterios para designar la tutela y curaduría.

El acusado viajaba de copiloto en un vehículo que fue fiscalizado por Carabineros, momento en que uno de los funcionarios percibió el hedor a cannabis y vio al imputado desprenderse de una bolsa que contenía marihuana, indicios suficientes para efectuar un control de identidad a todos los ocupantes del vehículo en atención al artículo 85 del Código Procesal Penal.

En junio del 2022, jura como ministra de la Corte de Apelaciones de Talca Blanca Rojas Arancibia -actual presidenta del tribunal de alzada —, pero no fue hasta el juramento de Marisol Ponce Toloza, llevado a cabo el pasado miércoles 30 de agosto, que por primera vez en la historia de la Corte de Talca, el pleno de ministros era integrado por 3 ministras titulares.

El pleno de ministros del máximo tribunal estableció que, en esa etapa procesal, existen antecedentes para considerar que las declaraciones de la diputada en medios de comunicación dañan la honra de la senadora y son suficientes para dar lugar a la formación de causa.

Si bien el tribunal aplicó la agravante lo cierto es que la pena impuesta se encuentra precisamente dentro del referido mínimum, por lo que la agravante no fue determinante en la sanción aplicable.

La última condena que se le impuso data de septiembre de 2014, de modo que en virtud del artículo 104 del Código Penal no le afecta la circunstancia agravante de reincidencia, alega el recurrente.

la víctima se fue deteriorando y cayendo en una condición mental que no le permitió comprender el sentido de los actos jurídicos en los que participaba ni el alcance de los documentos legales que el acusado Ergas firmaba en su representación, condición causada por un deterioro cognitivo y físico que afectaba su capacidad de comprensión y que limitaba su libertad de decisión y de acción, circunstancias todas conocidas por el imputado Ergas

El precepto no entrega criterios para la determinación de la conducta; no establece un procedimiento para tal determinación; no exige deberes de fundamentación; no sujeta la decisión a ningún tipo de control, y la regulación a través de Auto Acordados de la Corte Suprema es insuficiente. Cuando el constituyente encarga al legislador la regulación de un determinado derecho fundamental, no puede delegar por completo tal función a otro órgano para que lo haga de forma enteramente discrecional.

Martín Pradenas obtuvo en el segundo juicio una condena inferior, por lo que la DPP no logra explicar por qué se podría configurar un conflicto a nivel constitucional, o bien una discriminación arbitraria o una infracción al derecho a defensa.