Como regla general, las decisiones sobre educación, religión y salud de un niño corresponden a sus padres, pero existen casos excepcionales en que la potestad parental intenta imponer sus propias creencias poniendo en riesgo la salud del niño, como en este caso, actuando en contra de su interés superior.

No se advierte como la medida de suspensión menoscaba el derecho a la educación y el derecho de propiedad de su derecho a la educación que la estudiante alega haber sufrido, toda vez que fue ella quien se colocó en la situación antirreglamentaria que provocó la sanción aplicada.

Resolvió que, al no existir norma prohibitiva que sancione expresamente la difusión de ese contenido en spots publicitarios en un horario protegido, mal puede colegirse la infracción que arguye CNTV, y que la decisión atenta contra el principio de tipicidad, aplicable al Derecho Administrativo Sancionador, en cuanto la pretendida prohibición de contenido se edifica en un supuesto inexistente, toda vez que aún no ha sido expresamente vedada la difusión de apuestas en línea o de avisos publicitarios vinculados a ese tipo de apuestas.

Resolvió que, al no ser titulares del derecho de aprovechamiento de aguas, no están obligados a soportar el pago de la patente, razón por la cual no tienen perjuicio alguno con lo decidido por la DGA, de lo cual se concluye que carecen de interés jurídico para ser titulares de la reclamación.

El imputado quiso anular la sentencia que lo condenó, acusando el tardío ingreso del medio probatorio a la causa, tesis que fue desechada por la Corte Suprema, que estimó que si dicha pericia fue anunciada en la audiencia preparatoria, la defensa no puede alegar con posterioridad que le resultaba desconocida por ser incorporada después del periodo de investigación.

La Magistratura Constitucional consideró que el artículo 2331 restringe la reparación integral del daño moral derivado de la vulneración del derecho a la honra, derecho fundamental garantizado por la Constitución. La norma limita la indemnización solo a ciertos daños patrimoniales, excluyendo el daño moral, lo que afecta el contenido esencial del derecho y contraviene el principio de reparación integral de los perjuicios sufridos.

El requirente alega que los preceptos legales objetados infringen el debido proceso y los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución, desde que al tratarse de una disputa acerca de la inscripción de una escritura de cesión de derechos conforme al artículo 58 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, la aplicación de las normas impugnadas no es procedente, desde que la nulidad de un acto del CBR sólo puede reclamarse en base al estatuto constitucional de la nulidad de derecho público por tratarse de un acto administrativo.

Al poner término a la contrata de manera anticipada sin un fundamento sólido que justifique la decisión, la autoridad actuó de forma arbitraria, configurando una discriminación injustificada hacia la recurrente, en comparación con otros funcionarios cuyas contratas fueron concluidas en base a actos administrativos debidamente fundamentados y respaldados por hechos verificables que demuestran que sus servicios ya no son necesarios.

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ordenó al condominio demandado, restituir las sumas indebidamente cobradas.

Los afectados señalan que, pese a sus reclamos ante el municipio y en policía local, el conflicto continúa afectando gravemente su calidad de vida y convivencia en el barrio, agravado por la sensación de inseguridad y falta de respuesta de las autoridades competentes.