En primera instancia, el Tribunal rechazó las acciones interpuestas tras determinar que la actora no había acreditado los hechos denunciados, sin embargo, en alzada la Corte estableció que en materia de consumo la carga de la prueba se invierte.

Sólo denota la falta de implementación del establecimiento educacional de medidas que importen una educación inclusiva, que permita la difusión y entrega de valores de tolerancia, aceptación y respeto frente a la neurodiversidad.

El máximo Tribunal estimó que, seguir las instrucciones para cumplir lo requerido es algo básico y propio de las actividades liberales regidas por las normas civiles, y tal presupuesto no es suficiente para declarar la existencia de una relación laboral.

Los delitos ambientales habrían ocurrido en las regiones de Valparaíso y Biobío, tras el almacenamiento y procesamiento del petróleo importado en 2018. Los académicos autores de los documentos concluyen que los hechos por los cuales se acusa a la estatal no se configuran dentro de distintos tipos penales relacionados y analizan el tráfico de residuos peligrosos. Coinciden en que constituyen leyes penales en blanco, dado que no existe una norma ambiental que fije límites máximos de emisión en Chile.

La Corte constató que en la normativa interna de la casa de estudios no existe la obligatoriedad de buscar pacientes y mucho menos la posibilidad de reprobar al estudiante por no lograr conseguirlos.

No resulta la acción cautelar la vía idónea para tal efecto desde que excede las atribuciones jurisdiccionales.

El contrato de prestación de servicios educacionales se activa solamente una vez que se verifica el cumplimiento de la condición suspensiva, la cual fue informada por todos los medios de publicidad del programa de postgrado.

La iniciativa tiene como objetivo permitir a los trabajadores acceder a un permiso remunerado por 4 días hábiles en caso de fallecimiento de la suegra o el suegro.

La necesidad de elevar el estándar de transparencia dentro de todos los órganos del estado y de las demás instituciones que reciben aporte estatal en el cumplimiento de funciones públicas, requiere de un órgano especialmente creado para fiscalizar los fondos de los órganos del Estado que cumpla esa función.

Facilitando con ello la vida diaria de un importante sector de la población que se encuentra en una edad avanzada, y aliviando las cargas administrativas que periódicamente asume la ciudadanía de ese rango etario.