El tribunal recurrido invade las atribuciones propias del Ministerio Público, al exigirle que mantenga la intención punitiva bajo el criterio de ese tribunal, sin fundamentar de forma normativa, doctrinal ni jurisprudencial el motivo de esta decisión, razona el voto en contra.

Actualiza la normativa chilena a los estándares internacionales de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Al considerar la realidad fáctica de las labores desempeñadas por la demandante, se desprende que cumplía con los requisitos de los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo para considerar el vínculo como laboral, al estar sujeta a jornada, horario, supervisión de jefatura, y desempeño de los servicios encomendados en dependencias del empleador.

Las comisiones de Constitución de la Cámara y el Senado participarán conjuntamente en seminarios semanales para abordar la modificación de las normas penales del país.

En el juicio ejecutivo de cobro de patente municipal los jueces de fondo sólo analizaron el certificado de deuda emitido por el Secretario Municipal, omitiendo el análisis de la prueba aportada por el ejecutado, que acreditaba que su actividad comercial era primaria, por lo que no estaba sujeta al gravamen pretendido por el municipio.

El trabajador posee un derecho de opción para acudir al tribunal mediante el procedimiento de aplicación general si no desea concurrir previamente ante la Inspección del Trabajo, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 498 del Código del Trabajo, resuelve el máximo Tribunal.

El imputado fue visto por personal de carabineros realizando un intercambio de dinero en la calle durante la madrugada, y al notar la presencia policial intentó huir del lugar, siendo detenido y controlado por los agentes, quienes encontraron en su poder más de 500 papelillos de pasta base y dinero en efectivo.

La obligación de declarar el contenido de la encomienda dispuesta por el proveedor en las condiciones del servicio no es aplicable al cliente, el que puede acreditar por cualquier medio de prueba el contenido y valor real del envío.

Si bien la UCEN aportó antecedentes errados a la Subsecretaría de Educación Superior para acceder a tal beneficio, con posterioridad rectificó los datos, los cuales no fueron considerados en el proceso.

La publicación de hechos que denuncien presuntamente actos delictivos afectan el derecho de la honra especialmente por la publicidad y gran difusión que la publicación en redes sociales implica.