La medida vulnera el derecho de propiedad de la actora y el principio de la confianza legítima generada, tras haber percibido su remuneración durante más de seis años bajo las mismas condiciones.
El tribunal también lo condenó a la pena de cumplimiento efectivo de 5 años y un día de presidio como autor del delito de asociación ilícita.
La Corte resolvió que, debido al estado de incapacidad mental permanente del demandado, quien sufría una demencia mixta vascular degenerativa desde 2011, los actos realizados en su nombre, incluyendo la escritura pública de compraventa de 2020, no le eran oponibles ni válidos. Señaló que, aunque los actos fueron formalmente realizados bajo su responsabilidad, la incapacidad mental del demandado, certificada mediante informes médicos, invalida cualquier acto realizado en su nombre.
El fallo estableció que la mujer casada en sociedad conyugal, al adquirir, hipotecar o gravar un inmueble en las instituciones mencionadas en el artículo 11 de la Ley 16.392, se presume separada de bienes de pleno derecho, aplicándose las reglas del artículo 150 del Código Civil.
Resolvió que, si bien el ejercicio de la potestad municipal en lo relativo al otorgamiento, renovación, caducidad y traslado de patentes de alcoholes considera elementos reglados y discrecionales, estos últimos se encuentran sometidos al control jurisdiccional, en cuanto a la adecuada fundamentación que justifique las decisiones adoptadas. En el caso, el municipio omitió su obligación de motivar debidamente su resolución al no considerar el informe de la Junta de Vecinos, lo que contraviene la normativa aplicable, e impide una evaluación adecuada de la razonabilidad y proporcionalidad del acto administrativo.
La Corte Suprema consideró que, en situaciones en que el propietario inscrito no tiene la posesión material del inmueble, como en este caso, la acción reivindicatoria es un mecanismo legítimo para recuperar dicha posesión, en resguardo del derecho de propiedad garantizado constitucionalmente.
En su libelo, denunció que la recurrida no revisó adecuadamente los antecedentes del vehículo, negando su transferencia pese a que los gravámenes existentes fueron debidamente alzados y notificados en el Registro Civil, lo que se corrobora con el Certificado de Anotaciones Vigentes, donde no constan restricciones a la fecha de la compraventa ni posteriormente.
La recurrente denunció que fue víctima de una mala gestión administrativa que conllevó a su eliminación académica, lo que considera una decisión injusta y perjudicial para su futuro profesional.
La Corte constató que la recurrida envió casi 100 correos electrónicos al actor y publicó contenido difamatorio en Instagram, afectando la honra y la integridad psíquica del recurrente.
En su libelo la actora denunció que el actuar de la recurrida infringió el principio de legalidad y el deber del arrendador de asegurar el goce pacífico del inmueble, contemplado en el Código Civil.
