En su libelo, denunció que la recurrida no revisó adecuadamente los antecedentes del vehículo, negando su transferencia pese a que los gravámenes existentes fueron debidamente alzados y notificados en el Registro Civil, lo que se corrobora con el Certificado de Anotaciones Vigentes, donde no constan restricciones a la fecha de la compraventa ni posteriormente.

La recurrente denunció que fue víctima de una mala gestión administrativa que conllevó a su eliminación académica, lo que considera una decisión injusta y perjudicial para su futuro profesional.

La Corte constató que la recurrida envió casi 100 correos electrónicos al actor y publicó contenido difamatorio en Instagram, afectando la honra y la integridad psíquica del recurrente.

En su libelo la actora denunció que el actuar de la recurrida infringió el principio de legalidad y el deber del arrendador de asegurar el goce pacífico del inmueble, contemplado en el Código Civil.

En su libelo piden que se ordene al municipio abstenerse de realizar acciones que perturben la tranquilidad de las familias, argumentando que cualquier desalojo debe llevarse a cabo de acuerdo con la ley, mediante orden judicial y con la intervención de la fuerza pública, y no a través de funcionarios municipales actuando de manera arbitraria.

Esta actividad se realizará este próximo miércoles 23 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas, en el Hotel Intercontinental (Av. Vitacura 2885, Las Condes).

No corresponde que se incorpore en las cuentas institucionales la imagen de la autoridad edilicia como práctica reiterada para la difusión de las actividades municipales, puesto que ello podría significar una infracción a las normas relativas al empleo de recursos del organismo de que se trata, en beneficio personal.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el 29° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la acción.

El fallo reconoce la autonomía universitaria para definir y gestionar sus proyectos académicos, económicos y administrativos, reafirmando su libertad académica.

Resolvió que los jueces del fondo rechazaron la demanda de tercería de pago fundada en una causa de pedir no alegada por la tercerista, extendiendo así la resolución a puntos no sometidos por los litigantes a la decisión del tribunal, no obstante lo cual, en fallo de reemplazo igualmente desestimó la tercería de pago.