La iniciativa se centra en hacer efectiva la coherencia entre los principios de autonomía universitaria, potestades jurisdiccionales y no académicas de la Corte Suprema, el respeto al principio de igualdad ante la ley, como al de presunción de inocencia, en el marco del trámite y requisitos para obtener el título de abogado.

El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional que buscaba el retorno del amparado al Centro Penitenciario de Nueva Imperial, tras establecer que se mantiene la necesidad de cautela y que no se vislumbrar que la resolución cuestionada haya vulnerado derechos fundamentales, como la libertad personal y seguridad individual del amparado, en los términos planteados por la defensa.

Que la propiedad no esté inscrita en el Registro Público de Tierras Indígenas de la CONADI no es determinante porque existen tierras no registradas y porque dicho registro sólo tiene una finalidad de publicidad.

El demandante no pudo acreditar su dominio respecto del inmueble que pretendía reivindicar, acusando una errada valoración de las pruebas. Para el máximo Tribunal, tal reclamo se condice con una disconformidad con el resultado del juicio, y no con errores de derecho que persigue el recurso de nulidad sustancial.

Una publicación de dichas características sólo puede tener como fin, extender hacia los demás miembros del conglomerado social, la aversión, animosidad y aborrecimiento de los recurridos hacia la actora, ejecutando actos que riñen con el buen convivir en un estado de derecho.

La policía ingresó al domicilio de la acusada previa autorización del Ministerio Público, en base a una denuncia anónima que daba cuenta que en el lugar se traficaba droga, sorprendiendo a la imputada en un intento por destruir y deshacerse de las especies.

El personal policial se encontraba cumpliendo funciones que se encuentran comprendidas dentro de la esfera de su competencia, conforme a las atribuciones legales autónomas que detenta.

Los dichos vertidos por el recurrido configuran una vulneración a la honra de la recurrente y su hermano ejecutado, de manera que la libertad de expresión debe ejercerse dentro de márgenes de respeto de los derechos fundamentales de otras personas, especialmente cuando aquellas no tienen la oportunidad de rebatir las afirmaciones que se realizan.

La vendedora de la propiedad expresó en la compraventa que había adquirido el inmueble bajo el artículo 150 del Código Civil, sin embargo, no acompañó documentos que permitieran corroborar que ejerce o ejerció un empleo separado del de su marido.

El recurrente acusó que la policía no respetó su derecho a guardar silencio y no incriminarse, hecho que no fue incidentado en la investigación ni en el Juicio Oral, por lo que el máximo Tribunal tuvo por no preparado el recurso.