La celeridad, como principio, es un componente del derecho de todo imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable y prudente, prerrogativa que debe ser analizada a la luz de sus específicos intereses y no en su contra.

Dictamina el Contralor que en la medida que uno de los intervinientes de la recepción, envío o conversación los entregue voluntariamente en un proceso sumarial con dicha finalidad, y pueda acreditarse que se refieren o dicen relación con la presunta víctima o el presunto victimario se deben valorar como medios de prueba en sumarios administrativos.

El requisito establecido por la ley constituye una discriminación arbitraria en su contra alega el requirente, atenta contra la igualad ante ley, al derecho a desarrollar una actividad económica, al ejercicio de una profesión, entre otras garantía constitucionales que estima infringidas.

Resulta lógico dar prioridad a aquellas medidas de carácter formativo, por sobre las más gravosas, y ello en virtud del principio de proporcionalidad.

El máximo Tribunal sostuvo que tal indicio rompió la igualdad ante la ley, porque la conducta neutra del actor fue interpretada por la policía en razón del lugar de la ciudad en que se realizó, una población de la comuna de Cerro Navia con alto índice de denuncias por tráfico de drogas.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso entablado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado, por estar mal formulado.

Las resoluciones dictadas por un órgano judicial competente no importan vulneración a los derechos constitucionales que ampara el recurso de protección, pues se encuentran sometidas ya al imperio del derecho.

Consideran que existió un mal empleo de bienes municipales, que se justifica en la cercania del Edil con el Presidente Nicolás Maduro y no en el interés de los vecinos de su comuna.

Las Cortes de Apelaciones podrán tener en consideración criterios de expedición y mayor prontitud en la decisión de los asuntos de su competencia, tanto respecto de los recursos que deban resolverse en cuenta como previa vista de la causa.

El Juzgado de Policía Local se declaró incompetente, luego de constatar que el artículo 2 letra e) de la Ley N° 19.496, establece su aplicación para los contratos de compraventa suscritos con inmobiliarias, y no para los contratos preparatorios, lo que se rigen por las reglas generales del derecho civil.