La denunciada alegó que la no entrega del producto no configura un incumplimiento al contrato, puesto que en la página web, desde donde la consumidora efectuó la compra, se encuentra claramente establecido que las promociones son “hasta agotar stock”.

El actor fue controlado por Carabineros luego de éste se escondiera de los funcionarios detrás de unos automóviles estacionados. Durante el control, la policía advirtió una orden de detención pendiente en contra del particular, que además poseía un bien robado recientemente desde una fábrica cercana.

La Ley N° 21.325 y el Decreto N° 296 del Ministerio del Interior, establecen como requisito previo para aquellos que se encuentren en situación irregular la regularización de su situación migratoria con la autoridad competente, a fin de poder acceder a su documento de identificación en el Registro Civil.

La propuesta, aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, busca modificar el Código Penal pata fijar sanciones altas para quienes participen de este comercio ilegal de distribución de carne.

Las expresiones por medio de las redes sociales, sin otorgar una posibilidad de respuesta o de contra argumentación de la contraria, afectan la honra de quien es identificada con diversos epítetos groseros.

El artículo 58 del DL N° 3063 es claro en señalar que la autoridad municipal cuenta con facultades para clausurar un local en donde se desarrollan actividades económicas sin contar con una patente comercial.

El máximo Tribunal consideró que no se vulneró el debido proceso del actor, a quien se le condena por “la abundante prueba documental y testimonial”. Sostiene además, que pudo acreditarse en juicio que el encartado actuó en todo momento con dolo, al conocer la falsificación y el uso de las facturas y montos desviados.

La Corte rebajó el monto indemnizatorio establecido por la jueza a quo luego de determinar que el actor no presentó evidencia que permitiera avaluar los bienes extraviados en el monto demandado.

El recurrente se opuso a la ejecución alegando la nulidad de la obligación contenida en el título, sin embargo, no aportó pruebas que sustentaran su argumento, sosteniendo que era el ejecutante quien debía acreditar la suscripción de los pagarés que pretende cobrar.

El máximo Tribunal revocó la decisión de los jueces de instancia, luego de observar que no transcurrió el plazo de seis meses establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, ordenando continuar con la tramitación de la causa.