Atendido que el mensaje publicado en el grupo de vecinos en donde habitan las intervinientes hace alusión a una experiencia personal de quien lo emite, y que sólo expresa la no recomendación de los servicios, la Corte descartó que constituya un acto difamatorio que conculque garantías constitucionales.

A pesar que la empresa se excusó en que un tercero ajeno publicó la información en la base de datos, el máximo Tribunal desechó el arbitrio al estimar que con este argumento se pretendía incorporar un hecho no asentado a la causa.

El Ministerio Público se aparató de su objetivo primordial, la búsqueda de la verdad material, desarrollando una conducta tendenciosa, insistiendo en obtener pruebas que sirvieran a su pretensión, a efectos de mantener la prisión preventiva, aparatándose del principio de objetividad y de la presunción de inocencia.

Organismo emitió dictamen que establece esta nueva posibilidad al término de la relación laboral.

Si bien en la legislación nacional no hay precepto que autorice expresamente la sustitución de la pena de presidio por la de reclusión domiciliaria por razones como las que motivan la solicitud presentada, debe recordarse las convenciones internacionales a las que el Estado adscribió.

En el año 1996, la activista feminista sudafricana Diana Rusell impulsó el concepto de “suicidio femicida”, para tratar aquellos casos de mujeres que deciden poner fin a sus vidas, por causa de distintas situaciones de violencia de género de las que han sido víctimas.

El máximo Tribunal consideró yerro en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al ordenó el pago total de las rentas tras la declaración del término del contrato de arrendamiento.

La Ley N°21.325 sobre la mantención de vigencia de las cédulas mientras se tramita la residencia definitiva, prima por sobre la Ley N°18.290 que contiene los requisitos para obtener la licencia de conductor, en aplicación de criterios de especialidad y temporalidad de la ley.

La universidad cuenta con la autonomía para fijarse las normas que contengan los requisitos para obtener un título universitario. Por ende, ante el incumplimiento de una de esas condiciones, se encuentra justificada la negativa en su entrega.

Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que se puedan generar y los eventuales juicios de cuentas que se pudieran incoar.