De acuerdo a la normativa nacional e internacional no puede ponerse en dudas que el Estado, a través de Gendarmería y de los Tribunales de Justicia, tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, especialmente respecto de aquellos que padecen enfermedades graves, y le corresponde a un juez de garantía adoptar las medidas que pudieren resultar posibles.

La valoración de la prueba que hicieron los jueces del tribunal a quo, mediando, por una parte, un análisis serio del contenido de lo declarado por la víctima y por los funcionarios policiales y, por otra, la ponderación de todo el material probatorio incorporado en el juicio en que se incluye la prueba documental, pericial y los otros medios de prueba, permitió una construcción lógica de su razonamiento.

Los subsecretarios de Transportes y de Telecomunicaciones expusieron las razones de los retrasos en la dictación de los reglamentos y las medidas que se han tomado para acelerar su tramitación.

El acusado fue sorprendido bebiendo alcohol junto a los ocupantes de un vehículo, momento en que fue controlado por los agentes en virtud de la Ley Nº18.290, y al no exhibir la documentación requerida, el control se tornó en investigativo, resultando en el hallazgo al interior del móvil de diversas dosis de marihuana listas para la venta, y municiones sin la debida autorización.

La iglesia estaba en conocimiento del ingreso del guarda templo y su familia al predio reclamado, e incluso les autorizó construir una casa a cambio de servicios de seguridad y cuidado del lugar consagrado al culto, por ende, la ocupación reclamada no les era desconocida ni meramente tolerada.

La empresa chilena no cumplió con el envío de algas secas hacia el país oriental, pese a que su contraparte pagó adelantadamente parte del total del contrato, por ende, la compañía china presentó el litigio ante una comisión arbitral, que condenó a la vendedora a la devolución de lo pagado anticipadamente. El máximo Tribunal autorizó el pase regio al observar que el laudo no vulnera el orden público nacional.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra hechos establecidos por los jueces del fondo..

La Corte está obligada a adoptar medidas urgentes con la finalidad de cumplir con las convenciones internacionales a las que el Estado adscribió y que, en el presente caso, es la suspensión del cumplimiento efectivo de la pena que actualmente cumple la amparada, sustituyendo dicha forma de satisfacción de la sanción, por la reclusión total domiciliaria. Para ello se tiene presente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención Belem do Pará, y las Reglas de Bangkok.

La magistratura estimó que la demandante fue denostada por personal de Gendarmería, que no quitó las esposas a la actora y permaneció presente durante todo el proceso de parto, vulnerando la esfera íntima de la madre, en un momento de significación emocional que debe ser compartido únicamente por los seres queridos y el personal médico tratante.

Se accedió a un aumento de 30 días de plazo, aun si con ello se superaba el término establecido por el legislador por estimarse más beneficioso para la defensa de los coimputados y entendiendo que no existía riesgo procesal grave para las personas en cuyo favor se recurre, ya que ellas pueden solicitar la revisión de sus medidas cautelares en cualquier momento, informó el recurrido.