El fallo enuncia dos cuestiones sobre la función de las convenciones de DDHH. En primer lugar, sobre el efecto derogatorio de estos respecto de la legislación interna. En segundo lugar, el planteamiento sobre la colisión de contenidos convencionales entre el Convenio N° 169 de la OIT y la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

Si bien el actor dedujo la demanda de despido injustificado de manera subsidiaria, el tribunal accedió igualmente a dicha pretensión.

En la especie, no se señala si la persona imputada es portador del virus Covid-19, sospechoso de portarlo, sino que se limita a señalar que incumplió con la orden administrativa vinculada al desplazamiento.

La obligación de seguridad que pesa sobre el empleador no es un deber de resultado.

Las cotizaciones previsionales tienen por objeto asegurar el sustento futuro de los trabajadores, así como las prestaciones de salud y otros beneficios específicos.

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar arbitrario de la parte recurrida.

El Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la acción presentada por la sociedad Commonwealth SpA, en contra de la cónyuge del anterior propietario del inmueble.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva, y los Ministros García, Pozo y Pica, quienes estuvieron por rechazar el libelo, en consideración que o lo planteado en el requerimiento en lo que atañe a la impugnación de la frase final del inciso primero del artículo 429 del Código del Trabajo carece de coherencia.

La institución es aplicable a juicios de cumplimiento laboral.

Existió una total coherencia entre los hechos descritos en la carta de despido con los observados en el vídeo incorporado al juicio.