El quejoso fue condenado a pagar más de 100 millones de pesos en multas, por construir en un inmueble que no cuenta con permiso vigente de obra nueva. Pese a que inicialmente sí fue autorizado, posteriormente, la autoridad administrativa no reconoció aquel permiso por estimar que es ilegal construir en la zona donde se ubica el predio del denunciado.

El insulto u ofensa grave dirigida por el trabajador/a al empresario/a justifica, como regla general, el despido disciplinario. El referirse al empresario/a, en los mismos términos, en una conversación privada y «cerrada», con expectativa de intimidad, entre compañeras de trabajo que están en conflicto con el empresario, no.

El plazo para deducir el recurso apelación, que constituye la vía ordinaria de impugnación, se encuentra pendiente, razón por la que no es procedente admitir a tramitación el presente arbitrio.

Lo anterior, ya que la Universidad frente a otros alumnos que se encuentran en su misma situación académica les ha permitido matricularse.

Acogió recurso de amparo interpuesto por el INDH y estableció que se infringe el artículo 7° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 10 N°1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, como así también la garantía del artículo 19 N°7 de la Carta Fundamental.

La Corte Suprema redujo el castigo impuesto a un acusado de cometer robo en lugar habitado, al observar que el tribunal de base no consideró que la conducta anterior del encartado fuera irreprochable, por tener anotaciones prontuariales como adolescente, lo que contraviene las Reglas de Beijing y el artículo 59 de la Ley Nº20.084.

La Corte, al acoger el arbitrio de nulidad formal, retrotrajo el proceso a la etapa de efectuar una audiencia preparatoria en los términos requeridos por el artículo 61 de la Ley 19.968, por el juez no inhabilitado que corresponda, el cual proseguirá la tramitación del proceso hasta la dictación de una nueva sentencia, si fuere necesario.

De declararse que el despido es injustificado, lo pagado en el finiquito deberá imputarse a lo adeudado, según lo dispuesto en la sentencia respectiva.

Los recurrentes alegaron que el cierre del condominio ubicado en Coquimbo, es un acto arbitrario -con la complicidad del municipio-, porque les impide desarrollar libremente una actividad económica, idea que fue rechazada por la magistratura al observar que los portones no impiden el acceso a los locales de los actores, y, además, la instalación cuenta con la autorización del Departamento de Obras.

Ordena a la Superintendencia de Salud emitir una circular sobre la adecuación del precio final de los contratos de salud; a las Isapres presentar plan de pago y ajustes para afiliados, y además crea un Consejo Consultivo sobre seguros previsionales de salud para asesorar a la Superintendencia en revisión de dichos planes.