El derecho a la propia imagen tiene dos aspectos: uno de orden positivo, en virtud del cual su titular se encuentra facultado para obtener, reproducir y publicar su propia imagen, adscribiéndola a cualquier objeto lícito; y otro, de carácter negativo, expresado en el derecho a impedir que terceros, sin su debida autorización, capten, reproduzcan o […]

Un menor de edad condenado por el delito de tráfico de drogas interpuso un recurso de protección en contra del Servicio Médico Legal para impedir que a su respecto se aplique el procedimiento de toma de huellas genéticas y se incluya su resultado en el Registro Nacional de ADN. Un proceder tal, aduce, vulneraría la […]

Razona también que la acción de protección no constituye –en general- un medio idóneo para impugnar resoluciones judiciales.

La formalización, señala la Segunda Sala de la CS, es una actuación efectuada por el Ministerio Público, indispensable para solicitar y obtener la medida cautelar antes señalada, pero no equivale al antiguo auto de procedimiento, pues emana de un ente administrativo y tiene una finalidad esencialmente garantista.

La Corte de Apelaciones dejó sin efecto, además, la orden de no innovar que prohibía el ingreso a la zona de las personas en cuyo favor se recurrió.

La Corte observa que la referida pagina web publica afirmaciones o contiene expresiones que directamente aluden a la recurrente y otras que se formulan indeterminadamente a juezas, consejeras técnicas y abogadas, por lo que no siendo el recurso de protección una acción popular solo ponderará si las imputaciones que atañen a la recurrente lesionan o no sus derechos constitucionales.

En contra de esa resolución el Colegio de Periodistas interpuso un recurso de protección que fue acogido por la Primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual, si bien consideró que dicha medida no puede ser calificada de arbitraria si resulta ilegal.

La sentencia pone de relieve que el precepto constitucional invocado (art. 19, Nº 7, letra i) autoriza el ejercicio de la acción indemnizatoria sólo respecto de quien ha sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia, y que en el actual Código Procesal Penal no existe la antigua resolución por medio de la cual se sometía a proceso a un inculpado.

El actor las estimó ilegales al considerar que la institución del abogado de turno se encontraría tácitamente derogada por la Constitución de 1980 por efecto de lo dispuesto en sus artículos 6, 7, 19 N°s 3, 16, 20 y 26.

La cuestión se remonta a la época en que correspondía al Pleno de la Corte Suprema declarar la inaplicabilidad, por causa de inconstitucionalidad, de todo precepto legal.