El proyecto de ley se inició en un Mensaje presentado por el Ejecutivo en julio de 2004 y fue aprobado, en general, por la Sala de la Cámara de Diputados en mayo del presente año.

La iniciativa es patrocinada por los diputados Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea, García, Vargas y Verdugo.

La Ley Nº19.958 modificó la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para establecer que los candidatos a alcaldes deben acreditar, al inscribir sus candidaturas, una escolaridad similar a aquella que la Constitución exige a los parlamentarios.

En una democracia sus autoridades y quienes postulan a ocupar cargos públicos en los distintos poderes del Estado deben ser personas probas, transparentes y correctas, en especial en temas tan sensibles como el vinculado a la violencia intrafamiliar.

Se establece así, en Carta Fundamental, la institución del fideicomiso ciego que se orienta en la idea de concretar el valor constitucional de la transparencia y también para prevenir conflictos de interés.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Diputados de todos los partidos políticos con representación parlamentaria (Ascencio, Burgos, Bustos, Cardemil, Eluchans, Leal, Palma, Valcarce, Vargas y Walter).

De aprobarse la reforma constitucional deberá enviarse a tramitación un proyecto de ley que tendrá que regular el sistema electoral aplicable a la elección de consejeros, fijar el número de integrantes que tendrá cada CORE, la base territorial y fecha de la elección, entre otras materias.

Como lo ordena el artículo 126 bis de la Constitución, por dos estatutos especiales que establecerá una ley orgánica constitucional. Mientras esa legislación no se dicte, dichos territorios especiales continuarán rigiéndose por las normas comunes vigentes en materia de división político-administrativa y de gobierno y administración interior del Estado.

«…entre las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados está la de declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de diversas autoridades, por las causales diferenciadas que en la norma se indican, en atención a los cargos que desempeñan, entre las que no se encuentran el Fiscal Nacional del Ministerio Publico y el Fiscal Nacional Económico».

«Respecto de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República se les puede acusar por notable abandono de sus deberes, por lo que no divisan fundamento para no incluir a otras personas que desempeñan cargos constitutivos de magistraturas…»