Esta semana, fiscalizadores de la Superintendencia del Medio Ambiente realizaron una inspección en terreno, luego de que ingresaran denuncias contra el proyecto que se encuentra ejecutando obras de despeje de vegetación, y otros, en terrenos ubicados al interior del humedal.
• La medida se fundamenta en los hechos ocurridos el jueves 13 de junio a las 20:00 horas cuando, por las precipitaciones que afectaron a la zona central, la acumulación de aguas lluvia superó el nivel de coronamiento del muro de contención del proyecto, generando un socavón. Producto de lo anterior, se generaron escurrimientos hacia la quebrada Rincón del Chinchorro.
“El Tribunal concluye que la resolución reclamada si bien incurrió en un vicio de legalidad, al desestimar la legitimación activa de la solicitante de invalidación, dicho vicio no fue esencial, teniendo presente que de todas maneras se pronunció sobre las alegaciones planteadas”, razona la sentencia.
El Tribunal concluyó que se configuraron todos los elementos de la responsabilidad por daño ambiental y el demandado deberá implementar medidas de reparación.
El Tribunal explica que el hecho que hayan transcurrido aproximadamente catorce meses entre la fiscalización y la notificación de la formulación de cargos (marzo 2022- mayo de 2023) “no permite modificar el análisis ni la conclusión de la SMA plasmada en la resolución reclamada sobre la eficacia de las medidas propuestas en el PdC por el titular, en términos de tornarla ilegal”.
La medida, que cuenta con la autorización del Ilustre Primer Tribunal Ambiental, tiene relación con la suspensión transitoria de ejecutar actividades de desmantelamiento del roquerío N°3.
En la audiencia, las comunidades indígenas que presentaron la reclamación en la causa R-31-2023, se refirieron a los vicios y defectos que, a su juicio, tuvo el procedimiento de participación ciudadana; indicando además que se omitió un proceso de consulta indígena y que existiría una errada determinación del área de influencia del proyecto y por lo tanto de sus impactos.
Este procedimiento sancionatorio tiene como origen cinco denuncias ciudadanas relacionadas, principalmente, a la emisión de material particulado (MP) provenientes desde la chimenea de la planta durante el periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) que rige para el Plan de Descontaminación Atmosférica (PPDA) vigente para las comunas de Concepción Metropolitano.
La SMA había cursado una infracción por ruidos molestos de 25 Unidades Tributarias Anuales al Pub Restaurante Latitud Sur, en la ciudad de Concepción.
“El Tribunal luego del análisis contenido en la parte considerativa de esta sentencia, ha arribado a la conclusión de que no se verifica un vicio de legalidad en el acto reclamado atribuible a falta de motivación, así como tampoco por infracción del principio de coordinación, que pudieran fundar una invalidación del mismo”, dice el fallo.
Los reportes incluyen la estimación de la producción a la fecha y su evaluación según el límite máximo que tienen autorizado. El objetivo de estos reportes es que los titulares implementen acciones preventivas para evitar exceder el límite máximo de producción autorizado en su RCA, al finalizar el ciclo productivo.
