El Tribunal determinó que no se logró acreditar una relación de causalidad entre la acción efectuada por la demandada y el daño ambiental alegado.
Sentencia aplica un nuevo criterio, respecto del tiempo “razonable y justificado” que debería demorar la Superintendencia en iniciar un procedimiento sancionatorio por ruido generado a través de una denuncia, luego de que “tiene certeza respecto de la veracidad de los hechos denunciados y, por ende, se encuentra ante una denuncia revestida de seriedad y mérito”.
La infracción tiene relación con una superación de 26 decibeles por parte de la universidad, respecto de lo que establece la Norma de Emisión de Ruidos para horario diurno en el sector.
En términos generales el proyecto tiene por objeto sanear -es decir recuperar y limpiar- el terreno Las Salinas, el cual resultó contaminado con hidrocarburos a raíz de las actividades que se ejercieron en el lugar desde el año 1919, utilizando la técnica de biorremediación.
La demanda busca que la Municipalidad adopte medidas de reparación y mitigación por el impacto de las actividades en el vertedero Lonquimay.
Esto, luego de que constatara una superación al límite permitido de emisión de material particulado y de dióxido de azufre (SO₂) en el complejo industrial ENAP Refinería Aconcagua, que considera los establecimientos ENAP Refinería Concón, Terminal Marítimo Quintero y la Central Combinada ERA. La superación comprende el periodo entre el 30 de marzo y el 31 de diciembre de 2022.
La sentencia incorpora un nuevo enfoque desarrollado por el Tribunal, el cual considera que, si bien el procedimiento sancionatorio se inicia con la formulación de cargos, no se puede ignorar el tiempo que transcurre entre el momento en que la Superintendencia ha constatado la veracidad de los hechos denunciados y la formulación de cargos, pues es ahí cuando nace un deber legar de «dar origen al sancionatorio ambiental».
La reclamación buscaba anular la resolución que resolvió requerir al titular del proyecto el ingreso al SEIA.
Lo anterior, ya que durante cinco ciclos productivos registrados entre los años 2014 y 2023, y donde se habría generado excesos de producción por sobre su RCA, entre las 373 a 3.827 toneladas.
El Tribunal determinó que las eventuales ilegalidades e incompatibilidad territorial del proyecto por ubicarse en una Área de Preservación Ecológica, de acuerdo con lo señalado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), alegadas por los reclamantes, no existen.
