El evento internacional fue concebido con el objetivo de intercambiar ideas y experiencias en diversas materias relativas a la justicia ambiental, tales como su estado actual, su importancia creciente y las tendencias respecto de los modelos judiciales llamados a su aplicación. Además de relevar el aporte del análisis técnico-científico en la resolución de los conflictos socio ambientales.

La Superintendencia del Medio Ambiente recibió dos denuncias ciudadanas asociadas a ruidos provenientes de la sede Los Leones, ubicada en la comuna de Providencia. Por esta razón, y de acuerdo a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el titular arriesga una multa de hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $799 millones.

La controversia había sido planteada por un grupo de propietarios de predios vinculados al nuevo santuario, quienes sostenían -entre otros argumentos- que esta declaratoria era ilegal pues se había efectuado bajo la vigencia de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Ley N°21.600). Dicho cuerpo legal eliminó la categoría de Santuario de la Naturaleza y su procedimiento de declaración.

El fallo ordena a la SMA dictar una nueva resolución sancionatoria, que considere los aspectos planteados por el Tribunal en su decisión.

El objetivo de estos reportes es que los titulares implementen acciones preventivas para evitar exceder el límite máximo de producción autorizado en su RCA, al finalizar el ciclo productivo.

El Tribunal consideró que la SMA actuó conforme a sus atribuciones al rechazar el Programa de Cumplimiento (PdC), el que no cumplía con el criterio de eficacia.

En el escrito presentado ante el tribunal, los reclamantes sostienen que se omitió evaluar los impactos acumulativos que podría generar el proyecto Alba, ya que no se habría considerado la suma de impactos provocados por la operación histórica de la Central Angamos, como tampoco los de otros proyectos emplazados en la comuna.

El fallo ordena a la SMA dictar una nueva resolución sancionatoria, que considere los aspectos planteados por el Tribunal en su decisión, los cuales están asociados a una errónea configuración de las infracciones; las razones que llevaron al incumplimiento de los plazos para el cierre definitivo del relleno sanitario por parte del titular; la consideración del informe que descartaba riesgos en la construcción de taludes para la determinación de la sanción específica; y el formato utilizado por la empresa para llevar el control y registro de los residuos.

A juicio del Tribunal, no se configura en este caso el requisito basal para efectuar un requerimiento de ingreso al SEIA, a saber, la existencia de un proyecto, toda vez que el proyecto de titularidad de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda estaba asociado al convenio suscrito con la Fundación Circular, el cual -desde 2021- no está vigente.

Para la nivelación de sitios explotados este año, la empresa deberá presentar un plan de trabajo en un plazo de cinco días, el cual deberá incluir, a lo menos, los objetivos, acciones, la maquinaria e infraestructura a utilizar y las zonas a intervenir. Además, deberá adoptar e informar al tribunal las medidas de resguardo y prevención para el manejo del material en suspensión que se genere con las labores que se efectuarán.