El recurso judicial se relaciona con la sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) debido a dos incumplimientos ambientales: uno vinculado con el embarque de concentrado de cobre y, el otro, al cumplimiento tardío de la Medida Urgente y Transitoria (MUT) consistente de limpieza de calles y veredas en zonas aledañas al puerto. 

Las dos infracciones fueron clasificadas como graves, por lo que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), el titular arriesga una multa de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $7.987 mil millones (valor actual).

La inspección personal del tribunal estuvo a cargo de los ministros Marcelo Hernández Rojas y Alamiro Alfaro Zepeda, quienes dirigieron el extenso recorrido que se extendió durante dos días y que abarcó 10 puntos de observación. “Los principales aspectos observados fueron los distintos frentes de trabajo que la empresa tiene en el lugar, así como la realidad de este salar, de las lagunas y las especies que lo habitan”, manifestó el ministro Alfaro Zepeda. 

La demanda fue interpuesta en contra de la empresa Quiborax por la posible afectación significativa al Salar de Surire.  En la demanda, el CDE asegura que la empresa “ha causado un daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable en el Salar de Surire”, lo que se fundamenta en que ha explotado los depósitos salinos superficiales del salar “sin considerar medidas de mitigación, reparación y compensación idóneas y eficaces que impidieran impactos ambientales significativos”.

La empresa solicitó al Tribunal que declare la ilegalidad de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente y se apruebe el Programa de Cumplimiento presentado.

La Superintendencia inició el procedimiento en julio de 2023, por considerar que existían indicios suficientes de que el proyecto reunía las condiciones para ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por la configuración de los literales g) y h) del artículo 10 de la Ley N°19.300.

Pobladores cuestionan la resolución del SEA que aprueba el proyecto. Los vecinos argumentan que la evaluación de impacto ambiental presentó diversos vicios de legalidad y que no se consideraron debidamente sus observaciones ciudadanas.  

La actividad se efectuará el viernes 4 de octubre en Antofagasta y contará con la participación de diversos especialistas.

En la resolución se ordena oficiar a la Conaf, SAG y Seremi de Medio Ambiente, todos de la Región de Arica y Parinacota, para fiscalización del cumplimiento de la medida cautelar.

“El Tribunal en su revisión y análisis ha establecido que las observaciones del proceso de participación ciudadana, inserto en la evaluación ambiental del proyecto “Planta Solar La Greda”, se han considerado debidamente, a través del correcto descarte de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 letras c), e) y f) de la Ley N° 19.300, fundamentos técnicos que además han sido recogidos en la RCA del proyecto”, explica la sentencia.