El tribunal señala que, dado estado procesal de la causa, el demandante se encuentra exento de cumplir con carga procesal alguna.
El proyecto en cuestión se encuentra ubicado en el sector industrial de la comuna del mismo nombre, región de Antofagasta, donde se realizan labores de carga, descarga y transferencia de graneles líquidos y sólidos.
En razón de ello, además, se ordena oficiar a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), para que supervise la ejecución de la medida decretada.
la recurrente alega, en lo que interesa, que la sentencia recurrida incurre en una serie de vicios que tienen el grave efecto de desdibujar el régimen sancionatorio medioambiental, pudiendo sentar un grave precedente a futuro que dañe la institucionalidad.
El Tribunal es de la opinión que se dio íntegro cumplimiento por parte del SEA y el titular a la obligación de fomentar y facilitar la participación ciudadana en la evaluación del proyecto, de conformidad a la ley.
El proyecto cuenta con resolución de calificación ambiental favorable desde el año 2009. En 2019, los reclamantes ingresaron al SEA dos solicitudes de revisión de la RCA N°3573/2009 las que fueron declaradas inadmisibles por el Director Ejecutivo del SEA el 26 de agosto de 2019.
La Superintendencia señala que, aunque existiera infracción en la operación de algunos de los centros de cultivos, esta habrá prescrito entres del ingreso de la denuncia, ya que en 8 de los 10 centros el ciclo productivo finalizó tres años antes del ingreso.
La instancia acordó escuchar a la Ministra del Medio Ambiente, a los académicos y al Ministerio Público.
Cabe recordar que las reclamaciones fueron rechazadas, porque, en definitiva, los reclamantes carecían de acción para recurrir ante el Tribunal Ambiental.
La comunidad reclamante alega que, la resolución que impugna, vulnera los derechos de los pueblos indígenas garantizados en tratados internacionales sobre derechos humanos que nuestro país ha firmado y que se encuentran vigentes.
