La iniciativa tiene como objetivo recordar que la delincuencia y la odiosidad no pueden ser legitimados como medios de acción política para lograr cambios y que la delincuencia debe ser condenada en todas sus formas y por todos los actores del mundo político para resguardar los valores democráticos.

El monto del permiso de circulación comprende todos los servicios anexos que prestan las municipalidades y, por tanto, en su liquidación y giro no se debe considerar valor alguno que lo incremente.

En atención a un criterio en extremo rigorista al momento de efectuar el examen de admisibilidad del recurso de apelación, la magistratura no puede privar al recurrente de su derecho al recurso fundada en que las acciones se presentaron “subsidiariamente” en vez de “conjuntamente”, pues vulnera con ello el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

El recurrente insistió que el acto por el que se notificó de dicha resolución, interrumpió el plazo del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil al ser una gestión útil para hacer avanzar el juicio, por tanto, la posterior notificación al demandante fue dentro de plazo, lo que fue desestimado por la Corte Suprema, que hizo notar la falta de diligencia para notificar oportunamente a la contraparte.

La única acción que se imputa al condenado es empujar la motocicleta que era dirigida por quien la sustrajo por lo que dicha acción bajo ningún respecto puede ser considerada posesión o tenencia de la especie, ni menos permite afirmar que aquel tenía el dominio de la acción en cuestión.

El máximo Tribunal citó al efecto lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Nº21.325, que establece que “(…) la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud”, por lo tanto, la demora del Servicio recurrido no vulnera la igualdad ante la ley.

Tal gestión financiera no está vinculada a los fines específicos para los cuales fueron transferidos.

La Defensa no aportó antecedentes para justificar la inasistencia de su representado.

La cautelar de internación provisional sólo resulta procedente cuando previamente se ha dispuesto la suspensión del procedimiento.

La amparada hoy es madre de un niño chileno, conformando un grupo familiar junto a su pareja, a quien se le ha concedido la permanencia definitiva, elementos todos inexistentes a la fecha en que se dispuso la expulsión.