Al entenderse acreditado que la actora padeció acoso laboral, además de establecerse que la demandada no adoptó las medidas necesarias para garantizar un ambiente laboral digno y de respeto hacia ella, es posible concluir que todo ello derivó en la vulneración a su derecho a la integridad física y psíquica y, por otro, a su garantía de la honra.

La principal función del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es la ejecución de las medidas decretadas por el tribunal evidenciándose dilaciones indebidas al cumplimiento de lo ordenado, lo que vulnera la libertad ambulatoria de la adolescente que se ve obligada a permanecer en el recinto hospitalario en contra de su voluntad.

La resolución impugnada se ajusta a derecho y resulta plausible a la luz de los antecedentes expuestos en la audiencia respectiva, particularmente atendido el tenor del informe que sirve de fundamento al amparo.

Carece de fundamento razonable que el plazo legal de seis meses establecido en la ley para la tramitación de un sumario casi se cuadruplique.

El deudor intentó paralizar el cobro de un pagaré acusando al demandante de no cumplir con el trámite del protesto, en circunstancias que previamente había extendido mandato ante notario público, autorizando al ejecutante a emitir pagarés a su nombre.

El demandante accionó contra el Fisco, reclamando el monto de la indemnización provisional consignada en razón de la expropiación de parte de su predio para desarrollar una obra de mejoramiento vial en la ruta que une las localidades de Cólico con Caburga Norte, en la región de La Araucanía.

Chile es el segundo país de América Latina, después de Argentina, en contar con una institución de estas características. Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia fueron los primeros países del mundo que incorporaron un Defensor de los Derechos de la Niñez.

El abandono del procedimiento resultaba improcedente, si se considera que, pese a haber sido recibida la causa a prueba, el impulso procesal recaía en el tribunal.

El recurrido instaló una cámara de video vigilancia dentro de los límites de su propiedad, sin que se haya demostrado que la cámara de vigilancia represente una amenaza ni menos prive o perturbe los derechos fundamentales del recurrente.

El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de Valparaíso e hizo lugar a la acción cautelar, al estimar que la recurrida no respetó la igualdad ante la ley del actor, sancionándolo con la expulsión sin efectuar una adecuada relación de las normas quebrantadas por el recurrente, por lo que invalidó el castigo y ordenó una nueva investigación administrativa.