El ingreso de los niños a un centro residencial es una medida que, en virtud de su intensidad y gravedad, debe considerarse sólo cuando el resto de las medidas proteccionales son insuficientes debido al impacto que aquello produce en el grupo familiar.

La regla general es la aplicación de las normas del Código del Trabajo y afines, no obstante que la empresa se encuentre sometida a un procedimiento concursal, por lo que en principio las de la Ley N°20.720 no rigen en un juicio ejecutivo laboral seguido en contra de aquella. Sin embargo, cobran vigencia en caso de que se trate de obligaciones que gozan de preferencia de primera clase, reglados en el artículo 2472 del Código Civil, que, en su número 5, referida a las previsionales, puesto que la norma de excepción obliga a la suspensión de la ejecución y realización de bienes.

La moción, que recibirá indicaciones hasta el lunes 18 del presente, busca dotar a las policías de mayor tiempo para poner al infractor a disposición de la justicia. La Sala acordó que en particular, el texto sea analizado por la Comisión de Constitución.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que impedir el ejercicio del derecho de recurrir de apelación, sin que existan parámetros objetivos y ajustados a la razón, pone a las partes en una situación diferenciada y perjudicial respecto del resto de personas que someten sus conflictos a otros tribunales que no son de policía local, con otros procedimientos y otras competencias legales que contemplan una amplia gama de recursos judiciales que permiten hacer efectivo el derecho a defensa.

El máximo Tribunal sostuvo que la judicatura laboral no puede declararse incompetente de conocer la demanda, por el mero hecho de que la relación laboral entre la demandante y el municipio demandado no ha sido declarada aún, debido a que la Ley Nº16.744 es aplicable a todos los trabajadores sin distinción de calidad, o si se desempeñan en el sector público o privado.

Resulta extremadamente grave que por medio de una sentencia judicial deba recordársele a una Casa de Estudios Superiores como la Universidad de Concepción, conceptos básicos en materia de Derechos Fundamentales como la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

En el evento de materializarse la detención, será compelido a la presencia judicial para los efectos de realizar una diligencia que no puede tener la aptitud de restringir o afectar sus garantías fundamentales.

La magistratura resolvió que la Caja de Compensación Los Andes no puede descontar por planilla un crédito social, en circunstancias que no ejerció oportunamente dicho cobro en sede judicial en contra del deudor.

La sanción establecida por el legislador en el artículo 196 de la Ley 18.290 es una distinta, cual es, la suspensión de la licencia de conducir por dos años, no pudiendo aplicarse una diversa por analogía, por encontrarse ello vedado en materia penal.

No solo se infringió el principio de estricta sujeción a las bases, sino que, además, el principio de igualdad de los oferentes, desde el momento que al haberle asignado a ese oferente el máximo puntaje en el subcriterio de experiencia de la empresa en el mercado con documentación que no cumplía con los requisitos establecidos por las bases, quedó en situación de privilegio frente a sus oponentes.