La moción busca ampliar el alcance de las medidas especiales de investigación del Ministerio Público para ser utilizadas en crímenes contra la vida e integridad de las personas, cuando los hechos que afecten tales bienes jurídicos lleven aparejada una pena de al menos 5 años y un día de presidio.

Aplica a los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, con contrato vigente y que tienen una jornada ordinaria de trabajo superior a treinta horas semanales.

La Séptima Sala del Tribunal de alzada estableció que la parte recurrente, Gendarmería de Chile, no puede ser considerada como un tercero completamente ajeno o extraño al procedimiento penal, especialmente cuando la materia en cuestión se relaciona con la forma de ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva.

La moción busca incorporar como criterios para la procedencia de la prisión preventiva la imputación de delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho.

La Tercera Sala del tribunal de alzada no dio lugar a la acción constitucional, tras establecer que la resolución impugnada fue dictada por tribunal competente y se circunscribe solo al período estival.

No debe olvidarse que las víctimas eran dos adultos mayores: de 60 años él y 63 años ella, versus la juventud de los acusados en plena capacidad física y con superioridad de armas, lo que supone una evidente y objetiva desigualdad de fuerzas.

El artículo 27 de la ley 20.084 es claro en señalar que las normas del Código Procesal Penal se aplican en forma supletoria a la ley especial y como dicha materia no está reglada en la ley especial, se aplican las normas generales, informó el recurrido.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho de propiedad, desde que no limita la intangibilidad del contrato en el íter contractual, cuando ciertas obligaciones de una convención trasgreden el principio de buena fe, rompiendo el equilibrio económico contractual y la cooperación entre los contratantes.

La recurrente reproduce, a su entender, los dichos vertidos por la víctima en el juicio, y solicita que los audios del juicio se tengan por incorporados como elementos a sopesar por esta Corte de Apelaciones, pero no los incorpora como medios de prueba para el recurso de nulidad, y no fueron incorporados en dicha calidad en este recurso.

La magistratura estimó que el vínculo entre las partes es civil, y los indicios de laboralidad indicados por la demandante corresponden a circunstancias propias de la contratación a honorarios, más aún, si la profesional fue contratada para un cometido específico como era la atención de pacientes enfermos de Covid-19, por lo que estaba en conocimiento que su relación con la administración sería provisoria.