Conocida como “Ley Karin”, modifica la figura del Acoso laboral que no requerirá reiteración y podrá ser ejercida por una sola vez. Además, incorpora el concepto de violencia en el trabajo como aquella ejercida por terceros ajenos a la relación laboral como clientes, proveedores o usuarios, u otros.

Las obras no podían comenzar legalmente hasta que el Consejo de Monumentos Nacionales las autorizara debido a los hallazgos arqueológicos, por lo que el plazo de tres años que habilita la caducidad del permiso de edificación no se completó. La caducidad opera automáticamente y de pleno derecho.

Los jueces sancionaron al acusado con la pena de prisión en su grado máximo, luego de rebajar dos grados la pena asignada al delito, pero olvidan que calificaron el hecho ilícito como delito frustrado, lo que implica que debieron imponer la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley y luego rebajarla en aplicación del instituto de la media prescripción.

La notificación por el estado diario de su citación a la audiencia de juicio no pudo tener el efecto deseado dado que carece de validez y en consecuencia la orden de detención decretada al amparo del artículo 33 del Código Procesal Penal resulta ilegal, por cuanto el imputado no estaba válidamente notificado.

La empresa pactó el finiquito con subrogación con los demandantes, los cuales cedieron a la demandada sus derechos para accionar respecto de las deudas previsionales de su anterior empleador, por lo tanto, los trabajadores no pueden demandar a la recurrente por ser acreedora -al igual que ellos- de las deudas previsionales cuya titularidad cedieron para un futuro cobro por parte de la empresa subrogante.

Si bien el actuar de la recurrida se ha fundado en la aplicación de las medidas contempladas en la Ley de Aula Segura, no es menos cierto, que se advierte que la medida carece de proporcionalidad.

La recurrente acusó que Gendarmería de Chile retiró el dispositivo mientras se mantenía vigente una cautelar de prohibición de acercamiento en favor de la víctima, no obstante, el máximo Tribunal, razonó que a la fecha actual, la medida ha caducado, por lo que el recurso ha perdido oportunidad y lo solicitado por la recurrente no puede hacerse efectivo en la especie.

Si mediante cláusula expresa en el contrato a honorarios el demandante asumió el pago de sus obligaciones previsionales, no puede exigir dicho cobro al empleador una vez declarada la relación como laboral, correspondiendo a ésta hacerse cargo únicamente de las indemnizaciones y recargos respectivos relativas al despido injustificado.

Resulta del todo adecuado que el colegio tome medidas de resguardo no solo por la seguridad del estudiante, sino que también respecto de los demás educandos, ya que es el conjunto de alumnos los que se encuentran bajo el cuidado y la tutela del colegio.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y los principios de seguridad jurídica y de inexcusabilidad, desde que se le priva del derecho a ser oído, esto es, reclamar la inoponibilidad de la sentencia, en cuanto el incidente de nulidad procesal fue rechazado in límine.