La magistratura consideró que la acción cautelar no es idónea para impugnar la orden de demolición, debido a que el recurrente no posee un derecho indubitado, y el acto recurrido debió ser cuestionado por medio de un reclamo de ilegalidad.

La Decimotercera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el 16° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce la indemnización en proporción al daño acreditado.

El acusado junto a un tercero intentó evadir un control vehicular, levantando las sospechas de la policía que al controlar al acusado observaron que intentaba ocultar más de un kilo de flores secas de cannabis.

La demandada no cumplió con su obligación de habitar el inmueble durante el plazo de 5 años luego de su adquisición, arrendándola a terceros e infringiendo así lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto Supremo Nº49 del año 2011. La magistratura condenó a la beneficiaria a pagar al SERVIU las 725 UF otorgadas mediante el subsidio para la vivienda

El autor deberá permanecer internado en una institución psiquiátrica hasta por un plazo máximo de 8 años por el delito cometido, tiempo que se ajusta a derecho según el máximo Tribunal, en atención a los informes de peligrosidad del individuo.

Debe pagar 45 millones de pesos en favor del demandante, por no cumplir con la obligación de capacitar y brindar seguridad al trabajador, que constantemente fue expuesto a labores de fuerza sin contar con los elementos técnicos adecuados ni instrucción previa, aún después de ser diagnosticado por la ACHS que ordenó que el actor debía realizar trabajos livianos.

De aplicarse la hipótesis concursal del artículo 75 del Código Penal, como indica la defensa, si bien su representado resultaría condenado a una sola pena, esta sería sustancialmente mayor a las impuestas por cada delito, ya que habría que aplicar la pena mayor asignada al delito más grave, que va del tramo de los tres años y un día a diez años.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la irretroactividad de la Ley penal, la libertad personal y seguridad individual, la igualdad ante la ley, al impedir las prescripciones totales o graduales conforme a las reglas del Código Penal, en circunstancias que, si no se hubiese aplicado el precepto impugnado, los hechos habrían prescrito en 1985 y 1996, desde se le imputó la participación por hechos cometidos en los años de 1973 y 1981.

La Corte Suprema estimó que la petición del recurrente es un intento de cambiar los hechos asentados por la magistratura, y evidencia su disconformidad con el resultado del fallo cuestionado, sin ser capaz de puntualizar alguna regla exacta de aquellas que regulan la prueba, que presuntamente haya infringido el sentenciador de fondo.

Los agentes observaron al acusado efectuar movimientos rápidos de manos para hacer desaparecer unos envoltorios y billetes entregados por un tercero, lo que sumado a su huida impetuosa del lugar al notar a la policía, es un indicio que habilitó a los aprehensores a realizar el control de identidad y posterior registro, incautando diversos papelillos de marihuana y pasta base, junto con dinero en efectivo proveniente de la venta de estupefacientes.