La modificación tiene por objeto establecer una nueva causal de término del contrato de trabajo para las trabajadoras y trabajadores parlamentarios, denominada “reestructuración del equipo parlamentario”, estableciendo así una nueva modalidad que, en la misma línea que el mutuo acuerdo, no perjudique a las y los trabajadores.

La modificación persigue que se establezca una prohibición a los Municipios, para que éstos, en el ejercicio legítimo de sus funciones y atribuciones de relacionamiento con la comunidad, no afecten o dañen la integridad material o visual de los monumentos nacionales durante la realización de eventos, ferias, prestación de servicios u otras actividades públicas.

La modificación pretende establecer dentro de las materias de ley que enuncia la Constitución, la creación o modificación de áreas protegidas en regiones que previamente tengan la mayor parte de su territorio destinado a la preservación y conservación de la biodiversidad.

Así lo plantea una moción presentada por el senador Karim Bianchi que establece la pena de reclusión menor y multas de hasta 500 UTM. La iniciativa fue derivada a la Comisión de Constitución del Senado.

La iniciativa fue aprobada en general por la Sala y se fijó plazo hasta el 6 de enero para presentarle indicaciones y ser analizada por la Comisión de Seguridad Pública.

Se busca, por interpretativa, que la “Ley Cholito” se aplique a los criadores, dueños o poseedores de aquellos animales de manera que pese sobre ellos el cumplimiento de las obligaciones registrales y de tenencia responsable que contempla esa legislación.

La moción busca promover la plena autonomía de las personas con discapacidad visual incluyendo el área financiera; resguardar la integridad de las personas con discapacidad visual, minimizando los riesgos que se pueden suscitar por la exposición de sus claves bancarias y que se tenga en cuenta las particularidades de la discapacidad visual al momento de la creación de estos dispositivos y evitar que el avance tecnológico las excluya.

La modificación pretende amparar a las personas con discapacidad en el ejercicio de los derechos que la Constitución y las Leyes les concede en materia de inclusión y acceso prioritario a los servicios.

La propuesta busca fortalecer la democracia representativa y aumentar la legitimidad y gobernabilidad de las autoridades locales.

El debate de fondo radica en determinar cuántos años bajo la modalidad a contrata se necesitan para obtener la “confianza legítima” que permita tener la seguridad de que las renovaciones anuales serán reiteradas en el futuro. Si bien la Contraloría ha estimado que ese plazo es de dos años, la Corte Suprema ha resuelto en reiterados fallos que es cinco años.