Sostuvo que la causal invocada requiere que se explique, de forma concreta, cómo es que se configura la afectación de las funciones del órgano, porque sobre este recae la carga de explicar cómo es que el principio constitucional de transparencia debe ceder, por configurarse la causal de reserva y la afectación de los bienes jurídicos protegidos, esfuerzo que, en el caso concreto, el órgano público no realizó.
El evento busca generar un espacio de reflexión y diálogo sobre los retos que plantea la inteligencia artificial (IA) y el uso de algoritmos en la administración pública. Durante la jornada, destacados expertos nacionales e internacionales discutirán los desafíos en torno a la transparencia, la regulación y los derechos ciudadanos en el uso de estas tecnologías en el sector público.
La presentación destacó las oportunidades que esta modernización de la legislación representa para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones públicas.
En específico, el informe, elaborado por el Área de Fiscalización Aplicada de la Unidad de Fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT), analizó las transferencias realizadas por 53 instituciones públicas a diversos organismos internacionales, detallando el cumplimiento normativo, los montos transferidos y las deudas pendientes.
Gendarmería debe cumplir con las solicitudes de acceso a la información basadas en datos digitalizados, ya que ello no implica la creación de nuevos documentos.
El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, afirmó que «en un 44% de los actos no se indica el tipo de beneficiario, lo que revela una barrera para acceder a la información sobre los criterios de asignación de las pensiones”.
La indagatoria reveló que en 103 municipios (64%) existe un correcto acceso de datos relativos a permisos de edificación para el período revisado (2019 a agosto de 2023). Sin embargo, en 57 de las restantes (36%) se detectaron incumplimientos.
En fallo unánime desestimó que la información solicitada tenga el carácter de reservada y, además, consideró que los nuevos sistemas de evaluación y categorización de los profesionales de la educación, reviste un evidente interés público.
la Novena Sala del tribunal de alzad estableció que las funciones que ejerce el Presidente de la República son públicas y que tienen interés social, lo que justifica su acceso.
“Colar a pacientes por sobre otros, en vulneración de los criterios de priorización establecidos, genera muertes. No hay que olvidar que según lo informado por el mismo MINSAL, en el 2022 más de 44.000 personas fallecieron esperando una atención (10 % más que el 2021); y, en el primer cuatrimestre del 2023, fallecieron 10.447 personas más, de las cuales 976 esperaban atenderse en hospitales del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente”, afirmó el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete,
La Sexta Sala del tribunal de alzada descartó que la información solicitada por ley de transparencia tenga el carácter de reservada o secreta.
