La instancia ratificó lo establecido por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en amparos en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y de la Superintendencia de Pensiones (SP), entidades que deberán acceder a los requerimientos tras denegar el acceso a los antecedentes por la oposición de las administradoras de fondos de prensiones.

El Tribunal de alzada descartó que la información que ordenó entregar el Consejo para la Transparencia a las administradoras de fondos de pensiones, esté cubierta por causal de reserva.

El reclamante señala que el Instructivo de Elecciones Internas del Partido, contraviene gravemente la Ley N° 18.603 y los Estatutos del Partido.

No procede acoger el recurso en cuanto exige retracto y disculpas públicas.

Los concejales recurrentes alegan que señala que los hechos denunciados tienen el mérito procesal suficiente para conseguir una sentencia condenatoria.

Reclamantes alegan que la resolución impugnada valida un proceso de Evaluación Ambiental en el que se verificaron expresas contravenciones a la normativa ambiental, a sus principios, a la normativa internacional y a la Constitución.

La reclamante argumentó que el permiso ambiental sectorial relativo a la ejecución de construcciones industriales fuera de los límites urbanos no debió ser aplicado, ya que el Proyecto se trataría de una actividad primaria, y no implicaría construcciones o edificaciones industriales.

El reclamante señala que la asamblea para elegir la Comisión electoral fue convocada por un grupo de afiliados y otros individuos ajenas a la organización; y, dicho llamado se realizó mediante redes sociales y carteles ubicados en lugares visibles del sector Las Quemas.

La Corte concluyó que el fallo que resuelve el correspondiente recurso de casación en la forma no es susceptible de ningún otro recurso.

La reclamante señala que la denuncia fue archivada en virtud de lo establecido en el artículo 47, inciso 4 de la Ley N° 20.417.