El Tribunal de alzada estableció que la Corfo carece de legitimación para accionar y que, además, la información solicitada por ley de transparencia no está sujeta a causal de reserva o secreto. 

La causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, está establecida en favor del órgano requerido, sin que un tercero pueda invocarla erigiéndose en una especie de agente oficioso.

Si bien la Ley de Transparencia es aplicable al Ministerio Público como órgano constitucionalmente autónomo, no se encuentra sujeto a la Fiscalización del CPLT. Ahora, si la Fiscalía niega información a un interesado, este puede interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva en el plazo de 15 días corridos.

El Tribunal de alzada estableció que la información requerida se encuentra cubierta por causa de reserva o secreto prevista en el Código de Justicia Militar.

Las preguntas de las PSU de años anteriores son consideradas para la calibración de las nuevas evaluaciones mediante exámenes pilotos, por lo que su publicidad perjudicaría la confección de los nuevos mecanismos de ingreso (se distorsionarían los estudios técnicos de las preguntas).

El Tribunal de alzada consideró que la entrega de la información no afectará las políticas comerciales del laboratorio.

El actor alegó que el CPLT, al entender justificada la negativa a entregar los antecedentes requeridos dada su inexistencia, contrarió sus propios instructivos; argumento que fue desechado, por cuando el reclamo debe basarse en una infracción de ley.

Determinó que el municipio carece de legitimidad activa para reclamar de ilegalidad amparado en las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 2, esta última porque sólo puede ser invocada por terceros que directamente vean afectados sus derechos con la publicidad de los antecedentes.

En fallos unánimes, la Octava Sala del tribunal de alzada desestimó que la información solicitada tenga el carácter de reservada o secreta.

La CMF alegó que la recopilación de la información solicitada implicaba la distracción de funcionarios de sus labores habituales, argumento rechazado por la Corte, que estableció que la gran cantidad de información no es impedimento legal para su entrega.