El actor alegó que con la entrega de la información se incumplirían cláusulas de confidencialidad firmadas con el fabricante del medicamento, argumento que fue rechazado por la Corte, por cuanto las normas sobre transparencia están por sobre estipulaciones contractuales.

La reclamante alegó la falsedad en la identidad del solicitante de información, argumento desestimado por la Corte.

Las suspensiones del tránsito exigen una respuesta inmediata de Carabineros para salvaguardar el orden público, respuesta que, debido a su transitoriedad y movilidad, impiden un registro y planificación previa.

El CPLT había negado la aplicación de la Ley N° 20.285 a dicha corporación por tratarse de una institución de carácter privado, sin embargo, luego reconsideró tal decisión y declaró aplicable la ley, por cuanto la entidad desarrolla una función pública con fondos de igual naturaleza.

Por una parte, el SERVEL alegaba la inexistencia de los datos requeridos, y luego justificaba su negativa en la necesidad de sistematizar datos para entregarlos al requirente, lo que evidentemente resulta contradictorio, y lleva a concluir que la información pública solicitada sí existe y debe ser entregada.

El CDE sostiene que concurre la causa de reserva de la información del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, que establece el secreto cuando la publicidad de los antecedentes requeridos afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional.

La entrega de dicha información no afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, así como tampoco pone en riesgo el orden público y la seguridad de la Nación, no siendo aplicable ninguna causal de reserva de las contempladas en la Ley de Transparencia.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario del CPLT al compartir que la información solicitada por Ley de Transparencia, no tiene carácter de reservada o sujeta a secreto.

El artículo 28 de la Ley de Transparencia sólo faculta al tercero afectado con la entrega de información a accionar por la vía de la reclamación, descartando en este caso la legitimidad activa de la Subsecretaría de Pesca, puesto que la afectada directa sería la Fundación.

Los datos que se pretendía obtener no dicen relación con el correcto desempeño de la función pública, por lo que no se advierte un interés público prevalente en el acceso a la dicha información.