El Tribunal de alzada desestimó la reclamación al considerar que la información solicitada tiene carácter público, por lo que no estaba sujeta a causal de reserva.
El municipio invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, fundado en que la información requerida se relaciona con procesos administrativos con carácter de secreto, cuando lo cierto es que esa característica es aplicable al sumario administrativo y no a las investigaciones sumarias.
El ente municipal había basado su negativa a entregar la información requerida en que la misma era de relevancia en un juicio de nulidad de derecho público que se encontraba en tramitación, lo que hacía aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia.
El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada, con los resguardos establecidos, tenga el carácter de reservada o secreta.
Contrariamente a lo resuelto por CPLT, están amparados por la reserva del numeral 2 del artículo 21 de la Ley N°20.285, por derechos comerciales y económicos, así como por cláusulas de confidencialidad, que vinculan al adjudicatario del proyecto con la Administración del Estado.
El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada por ley de transparencia a la Subsecretaría de Educación Superior tenga el carácter de reservada.
CPLT no incurre en ilegalidad al ordenar la entrega de información emitida por un órgano público relativa a fiscalizaciones hechas a una entidad financiera si además se instruye tarjar los datos personales e información comercial estratégica.
El principio de transparencia de la función pública obliga sin distinción a todos los órganos públicos y exige de éstos que den a conocer sus actos y fundamentos, dado que aquello también se relaciona con el derecho de las personas a ser informadas.
Ello tras rechazar un reclamo de ilegalidad presentado por la empresa Invermar S.A., en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia, el cual había acogido el amparo presentado por el solicitante de estos antecedentes en contra de Sernapesca, servicio que se había opuesto a entregar la información a solicitud de privados que alegaron eventuales afectaciones comerciales y económicas si llegaban a difundirse los detalles de la información requerida.
La resolución dictada por el Intendente de Seguros aplica la legislación y normativa reglamentaria vigente e instruye en orden a su adecuado cumplimiento y ejecución.
