La acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad.
Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables.
La inhabilidad que aqueja a la recurrente aplica para cualquier cargo u oficio que importe el ejercicio de una función o servicio público, independiente de la forma de contratación.
El cobro solo puede exigirse por las emisiones informadas por las empresas a la Superintendencia del Medio Ambiente a partir del segundo semestre del año 2016.
La Corte Suprema confirmó la sentencia tras establecer que la actora no posee la legitimación activa necesaria para accionar.
La acción intentada versa sobre un territorio que no se encuentra inscrito en el Registro de Tierras Indígenas.
No se vulnera la igualdad ante la ley y tampoco la Junta de Selección se transformó en una Comisión Especial.
El finiquito suscrito por las partes y reconocido por la propia demandante tiene la naturaleza de sentencia firme o ejecutoriada.
El acotado procedimiento administrativo ante el INAPI que la iniciativa promueve podría verse complementado con la actual instancia de conocimiento revisional del Tribunal de Propiedad Industrial.
La presencia permanente de fugas de aguas, de medidores y válvulas de corte en mal estado, no son sino deficiencias constructivas, pues no existe otra forma de entender que los mismos problemas se presenten en todos los pisos.
