El fallo incurrió en un error de derecho al desestimar la denuncia.
Actúo como una comisión especial al desconocer facultades de la Junta de Administración y Vigilancia, y con infracción a la normativa laboral.
El examen de casación da cuenta que el recurso carece de razonamientos concretos y precisos dirigidos a demostrar errores de derecho de que adolecería el fallo impugnado, limitando su exposición a una enunciación de falta o errónea ponderación de determinados medios de prueba.
El alto Tribunal ratificó que la LNFP incurrió en la conducta infractora descrita en el artículo 58.9 de la Ley General de Comunicación Audiovisual.
El máximo Tribunal sostuvo que no procede ejercer la acción de protección, cuando lo pretendido es la impugnación de actos intermedios que forman parte de un procedimiento complejo.
Tanto el receptor judicial recurrido como la institución policial que prestó el auxilio de la fuerza pública, se limitaron al cumplimiento de una orden judicial legalmente obtenida.
El máximo Tribunal resolvió que únicamente el pago de la obligación o su extinción por otro modo legal permiten eliminar información respecto a morosidad de deuda.
El cumplimiento de la normativa urbanística debe ser verificado por el Director de Obras Municipales con anterioridad a la concesión del permiso de construcción.
El autor señala que la Corte creó una norma constitucional según la cual el Presidente tiene derecho a despedir a altos funcionarios del poder ejecutivo por razones políticas.
El fallo estableció que el cobro a la empresa eléctrica procede únicamente respecto de las emisiones realizadas a partir del 1° de junio de 2016.
