Derivó la petición a la Dirección General de Movilización Nacional y al Ministerio de Defensa para que expliquen los motivos de porque existe una sola Comisaria encargada del control de armas en la Región Metropolitana.

De lo contrario se perjudicaría el correcto procedimiento administrativo de desalojo.

Tratándose de la honra del fallecido existen una serie de disposiciones en las que esta se proyecta como un derecho propio de sus familiares, considerando que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad, protegida y asegurada como parte de la honra de la familia. Confirma doctrina asentada en la decisión Rol N°C4755/22.

Si bien se mostró llana a su entrega, en sede de transparencia, no se verificó su remisión al reclamante. También se comprobó que no tuvo vinculación directa con la organización y producción del evento.

La Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Convencional -de naturaleza transitoria- extendió su funcionamiento hasta la gestión documental y traspaso al Archivo Nacional del Archivo de la Convención.

Si la información solicitada no obra en su poder, deberá comunicar –pormenorizadamente- tal circunstancia al reclamante y al Consejo.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) rechazó el amparo de acceso a la información pública interpuesto en contra del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), mediante el cual se pretendía obtener las grabaciones de las cámaras ubicadas en dos edificios del Ministerio (Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno y dependencia de la SEGPRES). […]

La hoja de vida del ex uniformado es pública, ya que dice relación con su carrera funcionaria, su calificación y desempeño en el ejercicio de sus funciones, sirviendo su contenido de fundamento para la adopción de decisiones en los respectivos procesos de calificación.

Es información de naturaleza pública y existe un interés público y necesidad de control social sobre tales antecedentes que prevalecen sobre los datos personales de las referidas personas.

La decisión se fundó en el interés público y en la posibilidad de ejercer un control sobre la gestión de una estatua dedicada a un ex Almirante que participó en un momento de violaciones sistematizadas a los derechos humanos.