“la publicidad del programa de fiscalización solicitado supondría revelar el modo y criterios de evaluación utilizados por este servicio que, de ser conocidos previamente por los fiscalizados les facilitarían eludir la acción del fiscalizador”.

«el cobro no resulta procedente al no satisfacer la exigencia que establece el artículo 18 de la Ley de Transparencia que dispone que: sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar”.

“analizados los antecedentes que obran en este procedimiento consta que el órgano reclamado no requirió al solicitante a fin de que subsanara su requerimiento e identificara claramente lo solicitado, ni tampoco dio respuesta directa a éste, resultando improcedentes las derivaciones cursadas”.

“la situación patrimonial de las personas es parte de la esfera privada de las personas y de revelarse, al menos durante la etapa en que se tramita la solicitud, afectaría su autodeterminación informativa, por lo que en principio debe reservarse del conocimiento de terceros restringiéndose el acceso a la información disponible en los extractos publicados y en los registros a que se ha hecho mención”.

no puede invocarse el ámbito de la intimidad del propio solicitante como causal de secreto, debido a que esto sólo se justifica cuando “un tercero ajeno a la comunicación pretende acceder a ella, lo que no ocurre en este caso”.

«la respuesta entregada satisface plenamente lo requerido por el reclamante, pero acoge el amparo interpuesto, por no dar respuesta a la solicitud requerida dentro del plazo legal y aún cuando esta fue entregada de manera extemporánea».

Se dedujo amparo de acceso a la información, en contra de la Municipalidad de Recoleta, ante la negativa de otorgar información del estado actualizado que cuantifica individualmente la deuda de carrera funcionaria desde el año 2010 hasta la fecha, respecto de los funcionarios de atención primaria de la comuna. Con estos antecedentes, el CPLT decidió […]

en conformidad a lo que exige la LOC N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, no existen empleados que reúnan algunas de las condiciones exigidas por el reclamante. Agrega, que a través de su ministro de fe sólo se realiza la autentificación de las declaraciones de interés las que luego son enviadas a la Contraloría General de la República.

“determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar la revelación”.

«éste ejerció el denominado habeas data impropio, a efectos de acceder a sus propios datos de carácter personal que obran en poder de un tercero, derecho reconocido a los titulares de datos personales en el artículo 12, inciso 1º de la Ley de Protección de Datos Personales»