Concluye que de los antecedentes recopilados por el Gobierno desde las redes sociales pueden constituir datos personales, en tanto sean éstos concernientes a personas naturales, identificadas o identificables, se debiera aplicar a su respecto las normas de la ley sobre protección de datos, y si en cambio no pueden ser asociados a un titular identificado o identificable, sólo utilizando la información como datos estadísticos, no se pondría en riesgo la privacidad de las personas.

Fonasa informó que en mayo de este año ingresó sus bases de datos en el Servicio Nacional del Registro Civil e Identificación, conforme a lo dispuesto por la ley N° 19.628, detallando además los procedimientos de resguardo adoptados recientemente.

La motivación del Consejo radica en varios temas, entre ellos el incumplimiento del deber de resguardar la información, el que algunos de los datos transferidos se refieran a la salud de las personas, área calificada como sensible y que requiere de medidas de resguardo adicionales.

Además no existe disposición constitucional ni legal que obligue a CONAF a no proporcionar los datos que solicita la reclamante; como tampoco se advierte la forma en que la develación de los antecedentes solicitados por la reclamante afecte el cumplimiento de las funciones de CONAF.

La sentencia desestimó la alegación del Ministro para no entregar la información -referida a que la solicitante no cumplió con la petición de subsanar su solicitud de información-, por cuanto en ésta no se le señaló con claridad los términos en que debía subsanar tal solicitud y sólo se le dice “que no son objeto de la ley de acceso aquellas solicitudes que podrían estar en la mente de las autoridades de los órganos de la Administración del Estado al momento de adoptar una determinada decisión o actuación, pero que no constan en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, o en formato o reporte determinado”.

el “principio general” contemplado en la Carta Fundamental y en la ley, tiene excepciones, siendo una de ellas “cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económicos”.

En su fallo, el tribunal de alzada razona que el artículo 8° de la Constitución, no obstante consagrar el principio de la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, establece la posibilidad que, en virtud de una ley de quórum calificado, pueda limitarse éste principio, cuando la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

«Luego el fallo se apoya en nueve consideraciones que va desarrollando para concluir que la ley Nº 19.882 no estableció el límite temporal en la confidencialidad que impone a los procesos de selección, la que se proyecta una vez terminados éstos».

“tal secreto o reserva lo es sólo hasta que el concurso esté pendiente”, ya que el artículo 5° de la Ley de Transparencia establece el principio por el cual toda información que esté en poder de la Administración es pública y, por consiguiente, el secreto o reserva que la misma establece es excepcional.

“que la referida vía impugnatoria se transforma en un trámite dilatorio para el procedimiento que impide resolver los reclamos y amparos en el menor plazo posible”, lo que provoca el consecuente “desconocimiento de los principios de facilitación y oportunidad que la Ley de Transparencia contempla”.