En el caso concurre la causal de reserva de indebida distracción prevista en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, pues los escasos funcionarios del DEIS deberían destinar tiempo excesivo en confeccionar un Excel con lo solicitado.

El CPLT precisó que si no fue entregada se proporcionen los antecedentes sobre los nombres de las jefaturas de sus departamentos que se encuentran sujetos a cargos de confianza.

La reclamante alegó la falsedad en la identidad del solicitante de información, argumento desestimado por la Corte.

Se trata de los antecedentes que se hayan tenido a la vista para conceder o denegar beneficios intra penitenciarios, como salidas esporádicas o de fin de semana, entre otros, de Celestino Córdova y los primos Tralcal.

Las suspensiones del tránsito exigen una respuesta inmediata de Carabineros para salvaguardar el orden público, respuesta que, debido a su transitoriedad y movilidad, impiden un registro y planificación previa.

No obstante, cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 20.285, no pudo cerciorarse que lo proporcionado por el INDH corresponde a lo peticionado por el requirente.

A pesar de no tratarse de datos de carácter sensible, el ordenamiento jurídico protege los derechos de los fallecidos –prolongación de su personalidad-, de la cual sus familiares son titulares activados en virtud del derecho de honra, privacidad e intimidad.

El CPLT había negado la aplicación de la Ley N° 20.285 a dicha corporación por tratarse de una institución de carácter privado, sin embargo, luego reconsideró tal decisión y declaró aplicable la ley, por cuanto la entidad desarrolla una función pública con fondos de igual naturaleza.

El establecimiento de educación superior no precisó la forma en que la entrega podría afectar los derechos de los involucrados.

Por una parte, el SERVEL alegaba la inexistencia de los datos requeridos, y luego justificaba su negativa en la necesidad de sistematizar datos para entregarlos al requirente, lo que evidentemente resulta contradictorio, y lleva a concluir que la información pública solicitada sí existe y debe ser entregada.