El CDE sostiene que concurre la causa de reserva de la información del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, que establece el secreto cuando la publicidad de los antecedentes requeridos afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional.

En la instancia participan las concesionarias de autopistas, empresas aseguradoras, Carabineros de Chile y el Ministerio Público.

A menos desde la vigencia de la Ley de Transparencia 20.285, CONADI debe otorgar libre acceso al mencionado Registro Público a la ciudadanía.

Entregar información o dato relativo al RIT de las causas penales es pública y legal, ya que no afectan los datos personales y la vida privada de las personas, aunque el dato permita -mediante el cruce de información-, conocer la identidad de una persona.

Adoptó esta determinación al considerar que la entrega de estos antecedentes pondría en riesgo la seguridad de la Nación y la Defensa del Estado, pues los potenciales enemigos del país tendrían conocimiento del número de oficiales y reservistas de esta rama castrense.

La entrega de dicha información no afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, así como tampoco pone en riesgo el orden público y la seguridad de la Nación, no siendo aplicable ninguna causal de reserva de las contempladas en la Ley de Transparencia.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario del CPLT al compartir que la información solicitada por Ley de Transparencia, no tiene carácter de reservada o sujeta a secreto.

Dado que no dio respuesta y no proporcionó los datos peticionados en los plazos establecidos por la Ley de Transparencia.

El artículo 28 de la Ley de Transparencia sólo faculta al tercero afectado con la entrega de información a accionar por la vía de la reclamación, descartando en este caso la legitimidad activa de la Subsecretaría de Pesca, puesto que la afectada directa sería la Fundación.

Los datos que se pretendía obtener no dicen relación con el correcto desempeño de la función pública, por lo que no se advierte un interés público prevalente en el acceso a la dicha información.