Las preguntas de las PSU de años anteriores son consideradas para la calibración de las nuevas evaluaciones mediante exámenes pilotos, por lo que su publicidad perjudicaría la confección de los nuevos mecanismos de ingreso (se distorsionarían los estudios técnicos de las preguntas).

La USACH tiene 15 días a partir de la recepción de la notificación para recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Tampoco en caso que la audiencia haya sido solicitada por funcionarios públicos a título personal o en representación de un gremio, por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia.

Al no disponer de dicha información, la solicitud requerida demanda esfuerzos desproporcionados al órgano, por lo que se configura la causal de reserva de distracción indebida.

Se acreditó que el PDG no cuenta con una difusión aceptable en su sitio, infringiendo lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Partidos Políticos y el punto 1.1 de la Instrucción General N°12 del CPLT.

El tiempo estimado por el órgano como necesario para la atención de la solicitud, no resulta desproporcionado siendo, por el contrario, abordable sin distraer indebidamente a los funcionarios del desarrollo de sus labores habituales.

No se ajusta a los principios rectores de la Transparencia, como a la normativa expresa en la materia extender el alcance de la Ley de Rentas Municipales para cobrar por información que se encuentra disponible en las Direcciones de Obras Municipales.

La publicación de la información requerida en la prensa, no pasa de ser una circunstancia hipotética, eventual y no acreditada, que no puede invalidar lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, el que debe hacer una interpretación restrictiva y fundada en hechos concretos.

El Tribunal de alzada consideró que la entrega de la información no afectará las políticas comerciales del laboratorio.

El actor alegó que el CPLT, al entender justificada la negativa a entregar los antecedentes requeridos dada su inexistencia, contrarió sus propios instructivos; argumento que fue desechado, por cuando el reclamo debe basarse en una infracción de ley.