Cualquier comunicación referente a la forma en que los docentes son evaluados, resulta positiva, considerando adicionalmente la calidad de la educación como eje principal de las demandas ciudadanas de los últimos años.

Del artículo 119 ter del Código Sanitario se desprende que la información relativa a los médicos objetores de conciencia no se encuentra centralizada, por cuanto, dicha objeción debe ser firmada por el objetor y por el director del establecimiento.

En fallos unánimes, la Octava Sala del tribunal de alzada desestimó que la información solicitada tenga el carácter de reservada o secreta.

Los correos electrónicos son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo. Los cuales son amparados por el derecho a la vida privada, que es base de la libertad individual.

La CMF alegó que la recopilación de la información solicitada implicaba la distracción de funcionarios de sus labores habituales, argumento rechazado por la Corte, que estableció que la gran cantidad de información no es impedimento legal para su entrega.

En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, se deberá tarjar los datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenido en la información cuya entrega se ordena.

El tribunal de alzada determinó que la documentación entregada por la empresa es de carácter público, desde que obra en poder de un órgano público y fue objeto de análisis por otras entidades administrativas.

“La pandemia, en general, provocó cambios en los registros que informan los organismos públicos por Ley de Lobby”, subrayó el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, tras dar a conocer una baja en los números de audiencias, viajes y donativos que informan funcionarios de distintas entidades públicas en 2022, con respecto a números históricos y en particular en relación a años previos a la emergencia sanitaria.

Por su parte, Metro S.A. precisó que la Ley 20.285 solo le resulta aplicable respecto a disposiciones referidas a la transparencia activa, por lo que no se encuentra obligada a proporcionar dichos antecedentes.

El principio de transparencia y publicidad es la norma general para los organismos públicos, y la negativa a entregar información solo debe sustentarse en causales legales o constitucionales que en este caso no concurren.