El órgano reclamado precisó que la información solicitada no es posible de otorgar por dos razones: la primera de ellas atiende a que la Superintendencia aludida no tiene un registro de los correos solicitados, y la segunda, a que se infringiría el derecho a la privacidad.

El órgano consultado precisó que, según consta en los antecedentes, comunicó al reclamante prórroga de plazo para evacuar respuesta a su solicitud de conformidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

El órgano consultado precisó que, según consta en los antecedentes, se advierte que la reclamante a través de su presentación no requirió información alguna al órgano reclamado en los términos que lo exige la Ley de Transparencia.

EL CPLT precisó que procedió a revisar la página web de la institución reclamada, y que en ella se advierte la existencia de un banner denominado «Solicitud de información Gobierno Transparente».

El CPLT declaró inadmisible el reclamo, por cuanto no existe infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento

La CONADI en sus descargos informó al Consejo que “no cuenta con la información específica que se solicitó.

Se dedujo amparo de acceso a la información –por parte de un particular- en contra del Ministerio Público.

Se dedujo amparo de acceso a la información –por parte de un particular- en contra del Banco del Estado de Chile, fundado en que el órgano reclamado no dio respuesta a la solicitud de apelación y reliquidación de los montos pendientes de pago, según póliza de seguro N°101-94601-00946, en relación a siniestro por incendio asociado a propiedad con crédito hipotecario de la misma entidad.

Se dedujo amparo de acceso a la información en contra de la Defensoría Penal Pública, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a los motivos por los cuales un defensor penal público se ausentó de la audiencia de sobreseimiento.

Se dedujo amparo de acceso a la información –por parte de un particular- fundado en la falta de respuesta a una denuncia presentada por competencia desleal, consistente en la presencia de “transporte pirata” en el “Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo” de la ciudad de Punta Arenas.