De igual manera, procedió a consultar si resultó ajustado a derecho que la Municipalidad de Pudahuel no hubiera efectuado el procedimiento de remate de las patentes de alcoholes limitadas impagas a que alude el artículo 7° de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

«…los organismos evaluadores de esa entidad policial carecen de superior jerárquico, de lo que se deriva la improcedencia de que sus decisiones sean impugnadas ante la referida superioridad».

“en cuanto a la disconformidad con la valoración otorgada a su trabajo”, a la CGR le corresponde “revisar las evaluaciones”, solamente respecto a la “posible existencia de arbitrariedades o vicios de legalidad que pudieran presentarse en sus diferentes etapas y no sobre las apreciaciones técnicas, idoneidad o eficiencia en el desempeño”.

«por haber revocado 60 recepciones finales a viviendas beneficiadas con un subsidio, de manera improcedente e ilegal, y en contra de la instrucción en orden a regularizar la situación a la brevedad de la SEREMI».

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte del Intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena- la aclaración del Dictamen N° 49.645, en el que a su juicio no se ajustó a derecho la Resolución Exenta N°1, de esa anualidad y del correspondiente gobierno regional, que delegó en un funcionario […]

Se solicitó al Contralor General de la República –por parte de la Contraloría Regional de la Araucanía  emitir un pronunciamiento para que esclarezca la negativa de un centro asistencial de otorgar una prestación de salud del sistema PRAIS, fundado en que el ente de control suspendió  todos los beneficios que reciben los exonerados políticos, en […]

Se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de un funcionario de la Subsecretaría para las FFAA- acerca de la facultad para ser encasillado en los términos del artículo cuarto transitorio, número 4, letra h), del DFL N° 3, de 2011, del Ministerio de Defensa Nacional.La institución aludida informó que el […]

Se denunció ante la Contraloría General de la República –por parte una funcionaria a contrata del Hospital El Pino- respecto de una agresión verbal ejecutada por otra servidora de ese establecimiento, por lo que solicita la apertura de una investigación con el objeto de aclarar los hechos sobrevenidos.El ente de control precisó –como cuestión previa- […]

“los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente, no podrán patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en dicha ley”.

El órgano aludido informó que la desvinculación del solicitante tuvo su origen en una causa legal, esto es, el vencimiento del plazo establecido en su designación, lo que fue comunicado al ente contralor en su oportunidad.