se permite la invalidación de oficio o a petición de parte de un acto administrativo por parte de la autoridad competente para que ejerza tal facultad en el transcurso de 2 años desde su dictación, y así “deje sin efecto los actos emitidos con infracción a derecho, plazo que, según se precisó en el dictamen N° 18.353, de 2009”, es de caducidad y no de prescripción».

“el órgano público emisor de la resolución referida deberá abstenerse de expresar en los vistos la mención a un «desistimiento judicial» cuando dicha presentación sea efectuada ante el Ministerio Público”.

«en las condiciones administrativas se permite la adjudicación parcial, en condiciones que por tratarse de un servicio global y único a ofertar, el adjudicado necesariamente es aquél que obtiene el mayor puntaje en el concurso».

«no procede establecer como límites urbanos los deslindes de predios existentes identificados en función de su rol, destino o propietario, por cuanto dichas situaciones son esencialmente modificables».

“tras su nombramiento por decreto supremo los Ministros de Estado pasan a ejercer una función pública en calidad de autoridades de gobierno”, quedando “obligados a respetar la normativa constitucional y legal en torno al principio de juridicidad, de probidad administrativa y de apoliticidad»

“los decretos alcaldicios relativos al personal rigen in actum, esto es, desde la fecha de su notificación al afectado, sin que su eficacia se subordine al trámite de registro al que se encuentran sujetos, ya que este consiste en una mera anotación material del acto administrativo respectivo, y no constituye en sí un control preventivo de legalidad, debiendo este Organismo Fiscalizador, para tales efectos, llevar un registro del personal municipal”

“dable anotar que de conformidad con el artículo 32, N° 8, de la Constitución Política, tales funcionarios son de la exclusiva confianza del Presidente de la República”, en el marco de “una atribución constitucional que es privativa del Presidente de la República, la cual no se encuentra sometida a proceso concursal alguno”

“con el objeto de realizar su cometido, las entidades acreditadoras están facultadas para acceder a la ficha clínica del paciente, dado que el artículo 10 de la ley N° 19.628 permite el tratamiento de los datos sensibles cuando “la ley lo autorice”

el recurrente no habría impetrado oportunamente la doctrina del fraccionamiento de sus cotizaciones, pero a pesar de esto, tampoco fue invalidada por resolución del Instituto de Normalización Previsional, “por lo que, en la actualidad, debe producir sus efectos propios, entre los cuales se cuenta el de haber reservado periodos para la obtención de otra jubilación”.

“ha sostenido, en sus oficios N°s. 56.808, de 2005 y 22.697, de 2006, que en aquellos casos en que la declaración se solicite respecto de impugnaciones o revisiones de actos administrativos que no han sido resueltas dentro de plazo, corresponde estimar denegado el requerimiento»