Se solicitó un pronunciamiento al Contralor General de la República, acerca de la juridicidad de lo obrado por una SEREMI de transportes, en cuanto a una licitación de plantas de revisiones técnicas, que habría invalidado concesiones otorgadas con anterioridad. Los solicitantes además piden que se suspenda el proceso y se reingresen las resoluciones administrativas.El ente […]

«el principio de probidad administrativa tiene por objeto impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio, para lo cual deberán cumplir con el deber de abstención que impone la ley, lo que ha sido reafirmado por la jurisprudencia de esta Contraloría General en los dictámenes N°s. 20.063, de 2004; 34.935, de 2011, y 25.336, de 2012, y en particular mediante el oficio N° 68.808, de 2011, en donde se le señaló expresamente a esa autoridad tal circunstancia».

«se constituye la corporación Educacional Universidad del Mar, donde atendida su naturaleza jurídica, esta Contraloría General carece de atribuciones para pronunciarse respecto a la situación que se denuncia, toda vez que el control preventivo de juridicidad y supervisión que por mandato constitucional y legal realiza este Ente Fiscalizador, se circunscribe a los organismos de la Administración del Estado, lo que no acontece en la especie, con la referida casa de estudios superiores».

“no se advierte la existencia de disposición alguna que exija que las Fuerzas Armadas -entre ellas, la Fuerza Aérea de Chile- deban remitir a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas el oficio original a través del cual formulan su requerimiento para que se emita un decreto relativo a materias de su personal”.

«según lo prescrito en el inciso primero del artículo 29 de la ley N° 18.216, el otorgamiento por sentencia ejecutoriada de alguno de los beneficios previstos en ese texto legal, esto es, remisión condicional de la pena, reclusión nocturna o libertad vigilada, tiene mérito suficiente para la omisión en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que dio origen la sentencia condenatoria».

“el patrocinio gratuito de personas de escasos recursos en causas deducidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituye para aquéllos un deber que se enmarca en el desempeño de la función pública encomendada por la ley a esas entidades y que, además, tiene por objeto hacer efectiva la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N° 3, inciso tercero, de la Constitución Política de la República”.

“todo funcionario cuyas atribuciones permitan o exijan la tenencia, uso, custodia o administración de fondos o bienes, será responsable de éstos, en conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias”.

“impide a los funcionarios públicos realizar actividades políticas dentro del horario dedicado a la administración».

“la prestación de servicios de laboratorio por parte de los servicios de salud para efectos de coadyuvar en las tareas de atención primaria que corresponde realizar a los mencionados establecimientos de salud municipal, constituye un mecanismo a través del cual se concreta la función de articular, gestionar y desarrollar su red asistencial, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y rehabilitación de las personas enfermas”.

La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a una resolución de la Intendencia Metropolitana, por la que se concedía fuerza pública para una detención, toda vez que se enmendó la fecha de su emisión, sin que dicha modificación fuera debidamente salvada.El órgano contralor señaló que “las enmiendas que se efectúen a […]