La Constitución no se refiere, y menos establece, la voluntariedad de la vacunación en el país. En cambio, la posibilidad de determinar su obligatoriedad sí se encuentra regulada expresamente en el Código Sanitario.
El Contralor observa que las presentaciones que efectúen parlamentarios que cuentan con asignaciones para contratar asesoría deben contener suficiente argumentación jurídica y fáctica.