El Servicio no acreditó que las horas prestadas por la profesional sean una compra de servicios, pues no se acompaña el contrato respectivo ni los datos necesarios para acceder a dicha información en el portal Mercado Público.

No hay vulneración del fuero que goza la interesada, puesto que, su vínculo con Gendarmería se mantiene vigente, bajo las mismas condiciones existentes al momento de iniciar su embarazo.

Lo anterior por aplicación de los artículos 21, N°9, de la Ley de Navegación y 3 y 18 de la Ley de Fomento a la Marina Mercante. DIRECTEMAR podrá imponer la cancelación de una inscripción o una multa, según las particularidades de cada infracción y el mérito de la investigación.

El Contralor considera que en la Resolución N°56/2021 de la SJC carece de la debida fundamentación de un acto administrativo.

Dichas actividades no forman parte de programas o planes del MINSAL que deban ser incentivados mediante estímulos y, tampoco pueden concederse sumas por riesgos de labores al corresponder las remuneraciones de los funcionarios de la Administración a leyes de iniciativa del presidente de la República.

Aborda aspectos sobre la inclusión laboral en las corporaciones y fundaciones municipales, Alta Dirección Pública, reportes de las empresas sobre la inclusión, consecuencias del incumplimiento, entre otros.

Los antecedentes sobre denuncias pueden entregarse tarjando en forma previa los datos personales de los denunciantes y de los testigos para que las personas no se inhiban de denunciar, los testigos de declarar y los organismos fiscalizadores cumplir con sus funciones.

Lo anterior corresponde al ejercicio de la función de la Contraloría de revisar la legalidad de los procesos sumariales en su totalidad, una vez resueltos los recursos previstos en las normas que rigen al personal de las Fuerzas Armadas, y de las Fuerzas de Seguridad y Orden Público. (Artículo 160 de la Ley 18.834).

Compete a los Tribunales de Justicia determinar el mecanismo procesal a través del cual el INDH decide hacer presente su parecer en un determinado juicio.

En aplicación del principio de la realidad administrativa la denominada transacción judicial es realmente una dación en pago que cumple las exigencias del Código Civil y de la Ley de Municipalidades. Además, resulta una alternativa eficiente para que la entidad edilicia obtenga el cumplimiento de obligaciones de la Corporación.