En este caso el SERVEL carece de atribuciones y el CNTV debe archivar las denuncias por la falta de responsabilidad de los emisores en el contenido de las franjas. Sin embargo, el Contralor aconseja al CNTV orientar en el uso de la franja electoral -resguardando a la democracia, pluralidad, dignidad y otros valores-, en vista a su facultad de velar por el correcto funcionamiento de las difusiones televisivas.

Deben observar las normas que consagran y resguardan el principio constitucional de la probidad administrativa.

En tal caso, también requerirán obtener la pertinente RCA favorable para efectos de otorgar la recepción definitiva, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 bis de la Ley 19.300, y caso de ser procedente efectuar una consulta indígena.

En el caso que la COMPIN haya declarado irrecuperable la salud de un funcionario, y luego la Comisión Médica Central de Carabineros considere que tiene una salud apta para continuar con el servicio, el Director Nacional, si así lo estima, puede declarar la salud incompatible de ese servidor.

Se aplica la Ley 19.886 y su Reglamento en las contrataciones efectuadas con dichos recursos, sin distinguir su fuente. También dictaminó que los Directores y Secretarios Ejecutivos de las Corporaciones Municipales, deben efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, y son sujetos pasivos de la Ley del Lobby.

La facultad de voto dirimente constituye una atribución distinta al derecho a voto, que no se encuentra comprendida en él. Por lo tanto, no se puede reducir el voto del Gobernador Regional al voto dirimente.

La conveniencia o no de que dichos cargos fueran asignados a partidarios del Partido Comunista, es una cuestión de mérito que no corresponde evaluar a la Contraloría. Lo que no obsta a que se pueda proceder a una fiscalización de sus funciones.

De igual modo debe ejercer las funciones y atribuciones que correspondan al SENAME en aquellas materias relativas a la línea de acción, Oficinas de Protección de Derechos (OPD).

El legislador, al distinguir que procede el cobro de extracción de arena, ripio u otros materiales, en bienes nacionales de uso público; o desde pozos lastreros ubicados en inmuebles privados, incorpora en los últimos a las propiedades del Fisco, concluye el Contralor.

No es posible entender que se está en presencia de una urbanización únicamente cuando se desarrolle la totalidad de las obras precisadas en la ley general de urbanismo, como lo entiende dicho servicio.