Los directores sindicales gozarán del fuero laboral establecido en la legislación vigente desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo.
Las entidades contratantes pueden pagar la diferencia entre el referido subsidio y el total de los honorarios acordados, si así se pacta en el contrato a honorarios.
Lobby: Los sujetos pasivos pueden negarse a conceder las audiencias o reuniones requeridas, a menos que esa decisión suponga infringir la igualdad de trato que deben dar a las personas, organizaciones y entidades, lo que no ocurrió en este caso.
No corresponde que se incorpore en las cuentas institucionales la imagen de la autoridad edilicia como práctica reiterada para la difusión de las actividades municipales, puesto que ello podría significar una infracción a las normas relativas al empleo de recursos del organismo de que se trata, en beneficio personal.
El despedir al personal debiendo pagar una indemnización por ello, para luego recontratarlo, es una actuación que, de mamera evidente, carece de una motivación razonable y no resulta coherente con el imperativo de destinar los montos recibidos a cumplir únicamente con la función pública que realiza la JUNJI.
Por tanto, el procedimiento de “Ratificación de Residencia Temporal” implementado por el Servicio Nacional de Migraciones, no se ajusta a la normativa vigente, puesto que, conforme al principio de juridicidad, solo le corresponde ejecutar dichos mecanismos.
La plataforma surge a partir de lo dispuesto en la Ley N° 21.592, que establece un estatuto de protección en favor del denunciante.
Las respuestas son anónimas y sus resultados permitirán comparar cómo ha evolucionado la percepción ciudadana sobre este flagelo en Chile.
El texto recopila colaboraciones de profesionales ligados a la gestión pública y busca promover el debate sobre probidad y combate a la corrupción.
La decisión adoptada por el Consejo en orden a desestimar la inscripción de la ONG «Respeto, Justicia y Dignidad» en el registro de donatarios regulado por la ley N° 19.885, que establece incentivos tributarios para las donaciones a entidades sin fines de lucro con fines sociales y público, se ajustó a derecho.
